¿Quiénes quedarían exentos de pagar valorización por las nuevas vías en Antioquia?
El proyecto aprobado por la Asamblea estableció una amplia lista de excepciones al futuro cobro. Las condiciones van desde el tipo de vivienda hasta situaciones económicas, sociales y características de los predios.
La valorización no se cobraría por municipio, sino según los predios realmente beneficiados por las obras. Foto: cortesía.
La aprobación en la Asamblea de la financiación de cuatro proyectos viales por medio de la valorización en Antioquia trae consigo una inquietud para quienes viven o tienen propiedades en las zonas de influencia de las obras y tiene que ver directamente con el bolsillo.
La pregunta es quiénes tendrían que pagar para ayudar a financiar las carreteras. Aunque todavía no hay valores definidos ni una factura en camino, el proyecto que recibió luz verde sí dejó establecido algo importante: habrá propietarios que estarán exentos de la contribución.
Este punto ya había sido anticipado durante el trámite. Antes de la votación definitiva, el diputado Luis Gabriel Gómez, ponente de la iniciativa, había explicado que se buscaban tratamientos especiales para evitar que el mecanismo afectara por igual a todos los propietarios.
Con la aprobación del Proyecto de Ordenanza 37, esas excepciones quedaron incorporadas en la iniciativa.
Pero para entender a quiénes cobija hay que tener presente que la valorización no se cobraría simplemente por vivir en uno de los municipios donde estarán las obras.
Primero deberá determinarse qué predios están dentro de las zonas beneficiadas y cuál es el efecto que tendría cada carretera sobre ellos.
¿Quiénes no tendrían que pagar la valorización?
Uno de los grupos más amplios está relacionado con la vivienda. Quedaron exentas las VIS y VIP, además de las viviendas de estratos 1, 2 y 3.
En las zonas rurales también se incluyó una protección para los pequeños propietarios. No pagarían los predios de economía campesina ni los minifundios que estén por debajo de la Unidad Agrícola Familiar, conocida como UAF.
La excepción cobija además a adultos mayores y mujeres cabeza de familia, así como a víctimas del conflicto armado y población retornada inscritas en el Registro Único de Víctimas. También incluye a personas vinculadas a procesos de restitución de tierras.
Y no todo depende de la condición económica o social del propietario.
El proyecto dejó por fuera del cobro los predios ubicados en centros históricos, talleres artesanales, pequeña industria tradicional y aquellos destinados a usos culturales y sociales.
A estos se suman instituciones de utilidad pública como juntas de acción comunal, organismos de socorro, instituciones de salud, organizaciones veredales y establecimientos educativos y culturales.
Para el campo se incluyeron otras situaciones particulares. Las actividades agropecuarias afectadas por el trazado de las obras estarán exentas, al igual que los predios con restricciones ambientales o problemas de acceso.
También se tuvo en cuenta una situación reciente en Antioquia. Las viviendas cuyos propietarios tuvieron que evacuar por el terremoto del 10 de agosto de 2026 quedaron dentro de las excepciones, junto con la población afectada por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.
Tener un predio cerca no significa que ya tendrá que pagar
La aprobación de la Asamblea tampoco puso en marcha inmediatamente el cobro.
Lo que permite es avanzar de la prefactibilidad a los estudios de factibilidad para las cuatro obras. En esa etapa deberá precisarse qué propiedades reciben realmente un beneficio y cómo podría distribuirse la contribución entre aquellas que no estén exentas.
La Gobernación tendrá que socializar el proyecto con las personas ubicadas dentro de las zonas de citación y convocar a los propietarios para elegir una Junta de Propietarios. La Asamblea también ordenó crear una comisión accidental para hacer seguimiento al proceso.
Las obras corresponden a El Canadá–El Carmen de Viboral y La Unión–El Carmen de Viboral, en Oriente; Jericó–Buenos Aires–La Bodega, en el Suroeste; y Ríogrande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde, en Urabá.
Así que todavía falta una etapa clave antes de hablar de cifras individuales. Primero habrá que establecer quién realmente se beneficia de las obras y, entre esos propietarios, quién cumple las condiciones para quedar exento del pago.