¿Quién responde por la nómina de $765 millones del Fondo Milagro que desencadenó la renuncia de su gerente? Función Pública aclara responsabilidades
Aunque el presidente Abelardo De La Espriella ordenó reversar los salarios, Función Pública explicó que su aprobación corresponde a los administradores del Fondo. La controversia también alcanza las cuentas de la reconstrucción.
El Fondo Milagro nació mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026 como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda. Foto: cortesía.
La controversia por la nómina mensual de $765,6 millones del Fondo Milagro, que ya cobró la cabeza de Jaime Uribe, su gerente hasta este 13 de noviembre, plantea un interrogante que va más allá de los salarios. ¿Quién responde por las decisiones financieras de la entidad encargada de administrar recursos para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto?
El Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró que esa responsabilidad recae en los órganos de administración del Fondo. El pronunciamiento se conoce después de que el presidente Abelardo De La Espriella rechazara públicamente las remuneraciones y ordenara reversarlas.
El Fondo Milagro nació mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026 como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda. Aunque administra recursos públicos, funciona bajo normas de derecho privado y tiene autonomía para contratar personal.
“La contratación de su personal y la fijación de sus remuneraciones no requieren autorización ni concepto favorable por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), ni del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ni del Ministerio de Hacienda, ni de otra entidad pública externa al Fondo”, precisó Función Pública.
La senadora Kamelia Zuluaga denunció las cifras tras conocer la respuesta a un derecho de petición. La estructura salarial contempla 27 cargos, de los cuales 19 superan los $30 millones mensuales.
La relación de contratos señalaba que el hasta hoy gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, tenía una asignación de $39.441.454. También aparecían cinco cargos directivos con salarios de $36 millones y trece coordinaciones con remuneraciones de $33 millones.
Los contratos relacionados eran a término indefinido, registraban fechas de ingreso entre septiembre y noviembre de 2026 y señalaban a Pereira como ciudad de prestación del servicio.
El Gobierno tiene mayoría en el Consejo Directivo
El decreto de creación establece que cinco de los siete integrantes con voto del Consejo Directivo representan al presidente de la República. Los otros dos corresponden al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda.
Este organismo tiene entre sus funciones aprobar el presupuesto operativo, examinar los informes financieros y ordenar medidas correctivas.
Función Pública explicó que “el Consejo Directivo aprueba el presupuesto operativo y las reglas de contratación, la gerencia dirige la operación y ordena las contrataciones, y Fiducoldex las formaliza”.
La entidad también advirtió que la autonomía administrativa no elimina las obligaciones sobre el manejo del dinero.
“Esto no significa que puedan establecer salarios arbitrariamente, pues deben justificar los gastos, cumplir su presupuesto y responder por el manejo de los recursos públicos”, señaló.
Por su parte, el presidente De La Espriella rechazó la estructura salarial y aseguró que no había autorizado esas remuneraciones.
“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, escribió en X.
Las cuentas de la reconstrucción
Los cuestionamientos también alcanzan la gestión del ahora exgerente Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien no asistió a una citación del Congreso el pasado 11 de noviembre.
El entonces funcionario se excusó porque debía acompañar al presidente en una jornada en Roldanillo, Valle del Cauca. Aunque ha faltado a otras convocatorias, sí compareció ante los congresistas el 15 de octubre.
Según la información entregada al Congreso, el Fondo recibió un primer desembolso de $624.656 millones provenientes de un crédito con el Banco Mundial. Entre las asignaciones anunciadas figuran $332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas y $50.000 millones para demoliciones. Estos montos no equivalen necesariamente a recursos ejecutados.
Por su parte, Transparencia por Colombia advirtió que no había identificado contratos derivados del Fondo en el SECOP. También señaló que los manuales operativos y de contratación no estaban publicados.
El Decreto 1379 obliga al gerente a presentar informes mensuales al Consejo Directivo y contempla una auditoría internacional independiente, además de la vigilancia de la Contraloría.
Mientras el Gobierno busca corregir la estructura salarial, quedan por esclarecer las decisiones que permitieron aprobar esas remuneraciones y el avance efectivo de los recursos destinados a las comunidades damnificadas.