Procuraduría sancionó a dos dragoneantes del Inpec por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, ¿por cuánto tiempo estarán suspendidos?
La sanción se dio porque los dragoneantes omitieron el registro de ingreso del grupo musical del cantante vallenato Nelson Velásquez el pasado 8 de abril.
El Ministerio Público estableció una responsabilidad disciplinaria por omitir el registro. Fotos: cortesía
Por seis meses suspendió e inhabilitó la Procuraduría General de la Nación a dos dragoneantes del Inpec por la polémica parranda vallenata que los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá realizaron del pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí.
Los sancionados son Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes, según el Ministerio Público, omitieron sus funciones de control y registro en el establecimiento penitenciario.
En el fallo de primera instancia, el ente de control determinó que los dragoneantes incumplieron el deber de hacer las anotaciones y los registros correspondientes en la minuta al ingreso de la agrupación musical del cantante vallenato Nelson Velásquez al establecimiento de máxima y mediana seguridad.
Estas faltas fueron calificadas como “graves cometidas a título de culpa grave”.
A juicio de la Procuraduría, la conducta de los disciplinados “tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el Inpec”.
La Procuraduría explicó que impuso la sanción luego de aplicar la reducción correspondiente tras la confesión de ambos funcionarios durante la etapa de instrucción.
Además, precisó que el proceso contra los demás investigados continúa en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.
El día de la fiesta
Aquel día, 8 de abril de 2026, según la denuncia de la entonces concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, la celebración incluyó una presentación musical, consumo de licor y el ingreso de decenas de visitantes.
Los hechos que quedaron registrados en videos grabados al interior de la cárcel, lo que desencadenó las investigaciones disciplinarias y penales.
Sin embargo, la controversia fue mayor porque allí estaban recluidos varios cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá, quienes participaban en la entonces Mesa de Paz Urbana.
En su momento, el pasado Gobierno Nacional aseguró que no autorizó tal celebración y suspendió de forma indefinida el proceso de diálogo.