¿Intervención a la Nueva EPS, por un año más, es ilegal? Así lo denunció la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud
Con una inspección en la Superintendencia de Salud, la Procuraduría trata de verificar si se cometieron irregularidades en la prórroga, por un año más, de la intervención de la Nueva EPS.
En Antioquia, más de 510 pacientes siguen sin ser remitidos a otras instituciones o niveles de atención, de estos, 192 pertenecen a la Nueva EPS. Foto: cortesía.
La polémica por la intervención a la Nueva EPS crece con el paso de las horas. En esta ocasión, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud lanzó una alerta: el proceso impulsado por el Gobierno Nacional habría incumplido la ley.
De acuerdo con la denuncia, el gobierno de Gustavo Petro habría omitido los protocolos exigidos para intervenir una EPS.
Además, el documento radicado ante la Procuraduría —que incluye pruebas— señaló que la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, tomó la decisión sin agotar los pasos obligatorios.
En primer lugar, la delegada adviertió que no existió un informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, requisito técnico indispensable antes de aplicar cualquier medida.
Asimismo, tampoco se habría solicitado el concepto técnico de adopción y seguimiento, necesario para sustentar este tipo de decisiones.
A eso se suma la falta de información complementaria exigida por los procedimientos internos de la Superintendencia.
Por si fuera poco, la resolución presentada contendría inconsistencias relacionadas con el debido proceso, además de incluir recomendaciones que, según la denuncia, nunca se emitieron.
En esa misma línea, funcionarios de la entidad aseguran que se habrían tergiversado las conclusiones del Comité de Medidas Especiales.
Mientras la resolución afirma que el Comité recomendó la toma de posesión inmediata de la Nueva EPS, los denunciantes aseguraron que esa sugerencia no existió.
Según la Superintendencia, esta irregularidad habría bastado para que la entidad regresara a manos de sus propietarios. Sin embargo, el Gobierno ignoró ese argumento y avanzó con la intervención.
De hecho, mediante una carta oficial, el Ejecutivo designó a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, como nuevo interventor y, además, prorrogó la medida por un año más. La decisión también generó cuestionamientos.
Los funcionarios firmantes del documento aseguraron que Ospina no cumple con el perfil requerido por la normativa.
En concreto, indican que no acredita los tres años mínimos de experiencia en cargos directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años adicionales exigidos en estas áreas.
Con una inspección en la Superintendencia de Salud, la Procuraduría trata de verificar si se cometieron irregularidades en la prórroga, por un año más, de la intervención de la Nueva EPS.
La crisis de la Nueva EPS en Antioquia muestra señales de deterioro
La crisis de la Nueva EPS en Antioquia muestra señales de deterioro. La Secretaría de Salud reportó que, durante 2024 —año en que inició la intervención—, la entidad alcanzó un cumplimiento cercano al 60 %.
Sin embargo, ese indicador cayó de forma drástica hasta el 20 % en el último año.
El impacto en los usuarios resultó evidente. Hace dos años, seis de cada diez pacientes en Antioquia lograban acceder a atención médica; hoy, apenas dos lo consiguen.
Además, más de 510 pacientes siguen sin remisión a otros niveles de atención, de los cuales 192 pertenecen a la Nueva EPS.