¿Infiltraron la Fiscalía? Descargaron el expediente reservado de Miguel Quintero antes de la solicitud de medida de aseguramiento

Solo hasta el próximo lunes 21 de septiembre se podría saber si Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, seguirá afrontando en libertad o desde la cárcel, el proceso en su contra por el desfalco en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA.

Esto, luego de que la fiscal expusiera, durante más de cuatro horas, el material probatorio en el que soportó la solicitud de medida de aseguramiento.

Sin embargo, el tiempo no alcanzó para que interviniera el representante de las víctimas, en este caso el AMVA, que solicitará la medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega. Tampoco lo pudo hacer el abogado Santiago Trespalacios, defensor de Quintero.

Pese a ello, la audiencia dejó inquietantes revelaciones que salpicarían, incluso, a funcionarios de la misma Fiscalía.

Y es que, según la fiscal, se pudo evidenciar que hubo un acceso irregular al expediente digital del caso que, entre otras cosas, es reservado. Se habría hecho, presuntamente, dentro de la misma entidad.

De acuerdo con el informe de policía judicial, elaborado a partir de reportes de auditoría de la Subdirección de Tecnología de la Fiscalía General de la Nación, distintos usuarios —tanto de la propia entidad como externos a la misma— ingresaron en repetidas ocasiones al software del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) para consultar la noticia criminal que este 16 de septiembre fue objeto de la audiencia.

Se hizo, según el reporte, "buscando por el número de radicado, por el nombre de Miguel Andrés Quintero Calle o por su número de cédula".

El informe, según explicó la fiscal, individualiza cada acceso con el usuario que lo realizó, la fecha, la hora y el número de consultas ejecutadas.

Dentro de ese universo, la auditoría identificó un caso que llamó especialmente la atención. Se trata de una servidora de la Fiscalía General de la Nación que no solo habría ingresado al radicado, sino que además "descargó los archivos asociados al expediente digital".

Según precisó, "esa funcionaria no tiene asignada esta actuación ni ejerce funciones que justifiquen dicho acceso".

La fiscal subrayó que la relevancia del hallazgo no es menor, y más aún en la etapa procesal actual, en la cual, el material recaudado por el ente investigador, "continúa bajo estricta reserva".

Lo que habría salido del sistema, añadió la fiscal, no es información neutral, sino contenido sustancial de la investigación, incluidas declaraciones de testigos —algunos de ellos beneficiarios del principio de oportunidad— que está pendiente de probarse.

Por eso, según la fiscal, se hace necesario que urgentemente se aclare en dónde terminó esa información, pues en este caso, denunció, el ente judicial vendría siendo objeto de una campaña orientada a "desacreditarlos".

El dato más revelador fue la fecha en que se registró el ingreso y descarga de la información. Fue el 17 de julio, justamente cuando comenzaba a prepararse la solicitud de la medida de aseguramiento que se llevó a cabo este miércoles.

Según el reporte, entre esa fecha y el momento de la auditoría se contabilizaron 334 consultas al expediente, de las cuales 293 correspondieron a descargas de archivos.

Una vez recibido el informe, indicó, se puso en conocimiento de la Dirección Seccional de Medellín para que esa dependencia determine si hay lugar para abrir una investigación disciplinaria o penal contra la funcionaria o funcionarios involucrados.

La Fiscalía aclaró que no está estableciendo responsabilidades, ya que esa no es su competencia. Tampoco cuestionó las consultas que correspondan al ejercicio legítimo de funciones dentro de la entidad, pero lo que sí le preocupa es que la información reservada de la investigación salga como si nada de la entidad.

Esto porque "la prueba de cargo en este proceso está expuesta a ser conocida y contrarrestada antes de que pueda practicarse", lo que pone en riesgo el significativo avance de la investigación.

La fiscal asoció el hallazgo con el argumento central de la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, pues cree que existe un riesgo real y actual de obstrucción a la justicia.

A su juicio, además de la posible infiltración en la Fiscalía, ha existido acercamientos documentados hacia quienes han aportado pruebas y testimonios al proceso. Sobretodo, hacia Misael Cadavid, quien, después de ser parte del entramado de corrupción, se convirtió en el "testigo estrella" del caso.

De acuerdo con lo señalado por la fiscal, al exrepresentante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí lo visitaron 17 abogados para, supuestamente, hacerle "ofrecimientos" a cambio de que guardara silencio. También lo hicieron funcionarios públicos de Itagüí y el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.

Este último, de acuerdo con la declaración juramentada, le habría recomendado no acogerse al principio de oportunidad y afrontar el juicio, cosa que, según Cadavid, rechazó.

Luego, denunció el también imputado, contactaron a su expareja para que "hablara mal de él" y "desacreditar su testimonio", señalándolo de "maltratador, mitómano" y un hombre con serios "problemas psiquiátricos". Todo ello quedó evidenciado en un chat que su expareja mantuvo con él.

La Fiscalía sustentó el riesgo de fuga de Miguel Andrés Quintero Calle en tres hechos concretos. Estos son que no tiene empleo formal y se declara comerciante independiente, posee visa vigente a Estados Unidos y registra 18 movimientos migratorios desde 2020, con estadías prolongadas en Panamá.

El ente acusador también argumentó que solo la medida intramural podría contener el "poder" de Quintero, pues este habría conseguido "dirigir" el entramado de corrupción en el AMVA sin ostentar un cargo en la entidad.

Solo se habría valido de relaciones personales y de terceros que aún sigue teniendo. Ni un brazalete electrónico ni una restricción de movilidad, esgrimió la fiscal, le impedirían seguir influyendo en los mismos y en los testigos. "Solo la cárcel neutralizaría ese riesgo", concluyó.