"Soy inocente": Miguel Quintero no aceptó cargos por el millonario desfalco en el Área Metropolitana; Fiscalía pedirá cárcel

"No, su señoría. Soy inocente". La frase la pronunció Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, cuando el juez con función de control de garantías le preguntó si aceptaba los cargos imputados por la Fiscalía por el desfalco en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA.

Así como lo hizo el señalado "determinador" en el "plan criminal", calificado de esa manera por la fiscal, los otros tres implicados tampoco se allanaron a los cargos por, supuestamente, hacer parte del grupo de funcionarios y particulares que se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos en seis contratos firmados entre la entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Es así que tanto Quintero como Álvaro Alonso Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián Ortega renunciaron a los beneficios que les hubiese traído aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción.

Sin embargo, decidieron continuar en el proceso, en el que ahora tendrán que demostrar su inocencia desvirtuando cada una de las pruebas que presentará el ente acusador.

Con esto se dio por terminada la audiencia de imputación de cargos y para este miercoles 16 de septiembre, a las 2:00 p. m., se programó la de solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía presentará solamente contra el hermano del exalcalde de Medellín, a quien ha señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción.

Se hará de esa manera porque la fiscal aseguró que su intervención será extensa y "no quisiera que me interrumpieran" mientras expone sus argumentos para la solicitud.

Y es que, según la Fiscalía, cuenta con el suficiente material probatorio para demostrar que Miguel Quintero no solo ideó "el plan criminal", sino que dio las directrices y movió los hilos en el AMVA para quedarse, aparentemente, con 1.654 millones de pesos.

Por otro lado, el representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, considerada como la única víctima en el proceso, informó al juez que también pedirá medida de aseguramiento para Sebastián Ortega, a quien la fiscal señala como el hombre que reemplazó a Álvaro Villada para entregarle el dinero a Quintero.

La Fiscalía dedicó buena parte de su intervención a responder —y en varios casos a cuestionar— la lluvia de solicitudes de aclaración presentadas por los abogados defensores de los imputados.

Antes de ello, señaló que la mayoría de las inquietudes planteadas por la defensa no buscaban cuestionar la suficiencia de los hechos jurídicamente relevantes, sino que correspondían a asuntos que ya figuraban en el “relato fáctico” presentado durante la propia imputación.

“Reflejan más una discrepancia con la teoría del caso que un vacío real de información”, dijo.

La funcionaria, por otro lado, advirtió que la mayoría de las preguntas buscaban trasladar, a esta etapa, discusiones que son propias del juicio oral y no de la audiencia de imputación.

Una parte importante de las aclaraciones estuvo dedicada al papel de Miguel Andrés Quintero Calle, a quien la Fiscalía sindica como determinador del esquema de corrupción, y de Álvaro Villada, su hombre de confianza.

Lo primero que hizo, según la fiscal, fue recomendar el nombramiento de Villada en la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA en enero de 2020.

Con él allí, dijo, controló la Subdirección Ambiental de la entidad que, en últimas, fue la que firmó y autorizó los seis contratos.

Villada, según la Fiscalía, convenció a Juan David Palacio, director del AMVA, para que nombrara a Ana María Roldán Ortiz y, posteriormente, a Diana María Montoya Velilla en ese cargo. Todos tres imputados por el mismo caso.

La Fiscalía recordó, por otro lado, los dos encuentros donde se materializó el "plan criminal" que, según sostuvo, hacen parte de las pruebas y no de un simple indicio.

Uno a comienzos de 2020, en un local del sector de Las Palmas, en el que Quintero le habría preguntado a Misael Cadavid —representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí— que si “estaba interesado en contratos” y lo remitió, directamente, a Villada.

El otro, en junio de ese mismo año, en las instalaciones del Área Metropolitana, donde se habría cerrado el acuerdo del 15 % de las coimas, después de un proceso de negociación del ilícito.

El ente acusador insistió en que la relación de confianza entre los involucrados, incluidas expresiones para referirse a Quintero como "el jefe", demostrará, no solo responsabilidad, sino que fue este el que impartió las "directrices" para materializarse el acto de corrupción.

Sobre la contratista Vanessa Álvarez, la Fiscalía reiteró que, aunque su vínculo contractual era con la Subdirección Financiera, intervino en la elaboración de los estudios previos de dos de los contratos —tarea ajena a sus funciones— y llegó a preparar las propuestas que el "contratista favorecido" presentó luego ante el AMVA como si fueran suyas.

El ente acusador aclaró que no le atribuye un beneficio económico individualizado, sino haber contribuido funcionalmente a que el direccionamiento contractual corrupto se concretara.

Frente a Sebastián de Dios Ortega lo calificó como el segundo intermediario del esquema. Se habría encargado de recibir la comisión ilícita tras la salida de Álvaro Villada del Área Metropolitana en septiembre de 2022. El “relevo” se habría formalizado en una reunión, hacia finales de ese año, en un hotel de Medellín.

Desde entonces, según la fiscal, recibía el 15 % de los pagos que el AMVA le hacía al Cuerpo de Bomberos. De ahí, presuntamente, se habría quedado con el 5 %, mientras que el otro 10 % se lo habría dado a Miguel Quintero.

Ante los cuestionamientos de su defensa por la falta de fechas exactas, la Fiscalía respondió que la jurisprudencia no exige aún esa precisión. En esta etapa, argumentó la fiscal, era más que suficiente ubicar su intervención entre septiembre de 2022 y julio de 2023.

La Fiscalía concluyó reiterando que, aunque todo lo anterior lo había expuesto en el relato de imputación, prefirió repetirlo; dando a entender que si era una estrategia para desgastarla o buscar debilidades en el relato de los hechos, no lo habían conseguido.

El juez, por su parte, acogió los argumentos y avaló la imputación de cargos que ahora tienen a Miguel Quintero a un paso de que la justicia decida si debe afrontar el proceso en libertad o tras las rejas.