Gobernación de Antioquia negó cupo a Miguel Quintero en la cárcel Yarumito en Itagüí: las dos razones que frenaron su ingreso
La Gobernación de Antioquia rechazó la petición de la defensa del investigado. Los delitos que le atribuyen no acreditan su condición de servidor público y el centro carcelario no cuenta con la capacidad de seguridad que requiere su caso.
La Gobernación de Antioquia negó el ingreso de Miguel Quintero a la cárcel departamental Yarumito. Foto: cortesía
La Gobernación de Antioquia negó el ingreso de Miguel Quintero a la cárcel departamental Yarumito. La decisión responde a dos argumentos centrales: los delitos que le atribuyen no demuestran que tenga la condición de servidor público y las condiciones de seguridad del investigado no corresponden a la capacidad operativa del establecimiento.
La determinación quedó consignada en una respuesta oficial del 6 de noviembre de 2026, suscrita por el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, el general (r) Luis Eduardo Martínez. El funcionario atendió así la solicitud que presentó el abogado Felipe Alzate Gómez, defensor del investigado.
La defensa buscaba que su representado ocupara un cupo en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E. Para respaldar la petición, el abogado expuso circunstancias particulares de seguridad, la exposición pública del proceso y el vínculo familiar con Daniel Quintero.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad revisó la actuación penal y señaló que las autoridades atribuyen al investigado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Estas conductas corresponden a delitos contra la Administración Pública y aparecen contempladas en el artículo 14 del reglamento interno del establecimiento.
La entidad precisó que la naturaleza de las imputaciones no convierte automáticamente a una persona en servidor público. Según la información que contiene el expediente, Miguel Quintero —recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá— no tenía esa condición ni habría cometido las conductas investigadas en ejercicio de funciones públicas.
El parentesco con Daniel Quintero y las condiciones de seguridad
La segunda consideración jurídica tuvo que ver con el vínculo familiar que la defensa mencionó en su solicitud. Al respecto, la Gobernación explicó que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por consanguinidad. Por tanto, el parentesco con Daniel Quintero no constituye un criterio suficiente para asignarle un cupo en Yarumito.
La Administración departamental también evaluó los argumentos relacionados con la vulnerabilidad del investigado y la exposición pública del proceso. Aunque reconoció que estos factores merecen atención al momento de establecer las condiciones de seguridad, aclaró que no obligan a las autoridades a ubicarlo en el establecimiento que solicitó su abogado.
En este punto, la Secretaría advirtió que Yarumito funciona como un centro penitenciario de seguridad mínima. Por esa razón, sus recursos de custodia y vigilancia deben corresponder al perfil de riesgo de las personas que ingresan. A juicio de la entidad, las condiciones expuestas por la defensa no resultan compatibles con la capacidad operativa de la cárcel.
Con estos argumentos, la Gobernación de Antioquia resolvió negar la solicitud de asignación de cupo para Miguel Quintero. La respuesta oficial cierra, por ahora, la posibilidad de que ingrese a Yarumito bajo las condiciones planteadas por su defensa.
Las investigaciones por presunta corrupción en el Área Metropolitana
Miguel Quintero también enfrenta señalamientos de la Fiscalía por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA. Según la hipótesis del ente acusador, aunque actuaba como particular, habría tenido un papel determinante en los procesos de contratación de la entidad.
La Fiscalía le atribuye una presunta apropiación de más de $2.481 millones. De acuerdo con los elementos materiales probatorios expuestos durante el proceso, Quintero habría recibido pagos equivalentes al 15 % del valor de cada contrato. Los investigadores sostienen que terceros cobraban el dinero mediante cheques y de manera presencial, para posteriormente entregárselo.
Durante la audiencia en la que el juez 27 penal ordenó su detención domiciliaria, el funcionario judicial se refirió a las presuntas ganancias irregulares derivadas de la contratación pública.
El juez agregó que, si bien quienes celebran contratos con el Estado buscan obtener ganancias, cuando estas resultan desmedidas deben encender las alarmas de la sociedad. Sus palabras hicieron referencia a los señalamientos contra Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín.