Miguel Quintero ya no tendrá "mansión por cárcel": juez de segunda instancia lo envió a prisión por su presunto rol en el desfalco del AMVA
La investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana por más de $18.600 millones dio un giro judicial. Federico Gutiérrez celebró la decisión y advirtió que aún faltan responsables por responder.
La decisión judicial también revisó la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, investigado por peculado por apropiación agravado. Foto: cortesía.
Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, deberá abandonar la detención domiciliaria para cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.
Un juez de segunda instancia consideró que permanecer en su residencia no es suficiente para contener los riesgos asociados a su presunta influencia sobre la contratación pública.
La determinación, conocida este viernes 30 de octubre, responde a las apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la representación judicial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ministerio Público contra la decisión adoptada el pasado 2 de octubre.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien filtró el fallo, celebró la decisión . El mandatario cuestionó que Quintero hubiera recibido inicialmente detención domiciliaria en una lujosa propiedad ubicada en Copacabana, norte del Valle de Aburrá.
“Luego de que apeláramos la decisión que había tomado un juez de darle casa por cárcel, justo que lo llevó a la mansión que construyó con los recursos que se robó de Medellín, luego de esa apelación que hicimos, un juez de la República acaba de ordenar la captura de Miguel Quintero”, afirmó el mandatario.
La propiedad está ubicada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota. Se trata de una finca de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, con piscina, jacuzzi, jardines y otras comodidades, cuyo valor se estima en varios miles de millones de pesos.
El terreno habría sido adquirido en 2018 por $100 millones y posteriormente recibió millonarias adecuaciones. Entre las inversiones conocidas figuran cerca de $160 millones destinados a la piscina y otros $30 millones en trabajos de paisajismo.
Gutiérrez también lanzó fuertes señalamientos sobre otras personas que, a su juicio, estarían involucradas en las irregularidades investigadas.
“Se comienza a hacer justicia y sigue el jefe de la banda. Son los responsables del robo que le hicieron a Medellín. Que se termine de hacer justicia. Faltan muchos y, por supuesto, el jefe de la banda”, reiteró.
¿Por qué la justicia decidió enviar a Miguel Quintero a la cárcel?
El proceso judicial tiene su origen en seis contratos celebrados entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto ascendió aproximadamente a $18.656 millones.
Según la Fiscalía, estos negocios habrían presentado sobrecostos, cobros por servicios no prestados y otras irregularidades que representarían un detrimento patrimonial estimado en $2.481 millones.
La investigación señala que Miguel Quintero como el "determinador del entramado de corrupción" y habría intervenido en nombramientos y decisiones contractuales. Todo esto sin ocupar un cargo público ni tener vínculo formal con el Área Metropolitana.
Entre los elementos recopilados aparecen conversaciones de grupos de WhatsApp en los que se referían a él con expresiones como “Mister M.”, “Miki” o “nuestro jefe”.
Además, uno de los principales declarantes aseguró que inicialmente se habría exigido el 20 % del valor de los contratos a cambio de su direccionamiento, porcentaje que posteriormente habría quedado en el 15 %.
Para el juez de segunda instancia, la modalidad de actuación atribuida a Quintero, mediante comunicaciones e intermediarios, hacía insuficiente la detención domiciliaria para proteger a la comunidad.
La providencia también examinó los señalamientos sobre presuntas presiones a testigos y accesos irregulares a información reservada de la Fiscalía.
El juez, eso sí, no atribuyó directamente a Quintero todos esos episodios.
¿Qué pasará con los otros investigados?
La decisión judicial también revisó la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, investigado por peculado por apropiación agravado.
Sin embargo, el despacho confirmó las medidas no privativas de la libertad que le habían impuesto en primera instancia. Entre ellas la prohibición de intervenir en contratación pública y comunicarse con determinadas personas vinculadas al proceso.
En cuanto a Miguel Quintero, el juzgado ordenó expedir la correspondiente boleta de encarcelación.
Además de adelantar las actuaciones necesarias para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) materialice su reclusión.
Quintero enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, los cuales no aceptó. La decisión corresponde a una medida preventiva mientras avanza el proceso penal y no constituye una condena.