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Una apelación sin resolver desde hace seis meses amenaza el proceso penal contra Julián Bedoya por su título de abogado

La Universidad de Medellín insiste en el riesgo de prescripción por las presuntas irregularidades en el título de abogado del exsenador. La Corte Suprema había ordenado resolver el recurso en diez días.

La orden fue comunicada el 21 de mayo de 2026 y establecía un plazo de diez días para adoptar la decisión. Foto: cortesía

La orden fue comunicada el 21 de mayo de 2026 y establecía un plazo de diez días para adoptar la decisión. Foto: cortesía

Una apelación que debía resolverse en diez días lleva seis meses pendiente y amenaza el futuro del proceso penal contra el exsenador Julián Bedoya, investigado por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado.


La Universidad de Medellín volvió a advertir sobre el riesgo de prescripción, mientras la justicia sigue sin superar una controversia que mantiene frenado el expediente.


La nueva advertencia coincide con los cuestionamientos a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, después de que la Universidad Nacional negara que fuera egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia. El partido pidió su renuncia y la Procuraduría abrió una investigación por el presunto uso de un título falso.


En el caso de Bedoya, la preocupación tiene una fecha concreta. Según la representación jurídica de la Universidad de Medellín, el delito de fraude procesal habría prescrito el pasado 2 de julio, mientras el Tribunal Superior de Bogotá continúa sin resolver una apelación que podría permitir el avance del proceso.


Por esta razón, Juan Camilo Bolaños Pérez, abogado de la institución educativa, radicó este 20 de noviembre un nuevo memorial ante el magistrado Javier Armando Fletscher Plazas, en el que solicita dar prioridad a la decisión pendiente.


La universidad, reconocida como víctima dentro del proceso, ya había advertido sobre este riesgo en enero de 2026. Las preocupaciones por el vencimiento de los términos se remontan incluso a septiembre de 2024, cuando comenzaron a emitirse alertas sobre las demoras judiciales.


El expediente ha enfrentado cambios de competencia y recursos de la defensa que han retrasado el avance hacia el juicio.


La decisión que debía tomarse en diez días y sigue pendiente

En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente una apelación presentada por la defensa de Bedoya y consideró que se trataba de una actuación dilatoria que buscaba favorecer la prescripción.


Los abogados del exsenador acudieron a una acción de tutela y obtuvieron una decisión favorable de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efectos el pronunciamiento del Tribunal y ordenó resolver de fondo el recurso.


La orden fue comunicada el 21 de mayo de 2026 y establecía un plazo de diez días para adoptar la decisión. Sin embargo, según el memorial de la Universidad de Medellín, seis meses después todavía no existe una respuesta.


Para Bolaños Pérez, la demora amenaza la posibilidad de que la justicia esclarezca las presuntas irregularidades investigadas.


“Resulta inaceptable que, mientras la sociedad exige respuestas frente a la obtención fraudulenta de títulos en la política, un proceso de esta magnitud quede paralizado hasta extinguirse por prescripción”, manifestó el abogado.


Las irregularidades que originaron el proceso contra Julián Bedoya

Los cuestionamientos al título de abogado del exsenador comenzaron en 2019, cuando una veeduría de egresados de la Universidad de Medellín denunció presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus requisitos académicos.



En 2021, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Bedoya, una actuación que tuvo efectos sobre el cómputo de los términos de prescripción.


Posteriormente, en junio de 2024, la Fiscalía presentó un escrito de acusación por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado. El excongresista ha rechazado las acusaciones y sostiene su inocencia.


Desde entonces, el proceso ha enfrentado distintas controversias judiciales, incluida una disputa de competencia que llevó a trasladar el expediente de Medellín a Bogotá.


Ahora, la Universidad de Medellín insiste en que el Tribunal resuelva la apelación pendiente. Según sus cálculos, el término de prescripción del fraude procesal se habría cumplido hace más de cuatro meses, mientras los demás delitos investigados también enfrentan el paso del tiempo.




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