Un error de la Fiscalía habría permitido que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedara en libertad: ¿cuál fue?
Tras conocerse la decisión, la Fiscalía acudió a la apelación. A ese recurso se unieron voceros de las víctimas, un delegado de la Contraloría y la representación del Invías.
Desde diciembre de 2025, Bonilla permanecía privado de la libertad por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Ungrd. Foto: cortesía.
La demora de la Fiscalía resultó determinante para que el Tribunal Superior de Bogotá dejara en libertad al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El fiscal encargado del caso quiso presentar el escrito de acusación cuando ya corría la audiencia por vencimiento de términos.
La magistrada Isabel Álvarez Fernández evaluó la situación durante una audiencia realizada este 7 de abril de 2026.
Bonilla permanecía recluido desde diciembre de 2025 por su presunta participación en hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
El proceso avanzó tras la imputación realizada el 1 de diciembre, punto desde el cual empezaron a correr los plazos legales. Durante la diligencia, la defensa insistió en que el término legal para acusar ya había expirado.
La ley fija un plazo de 120 días para que la Fiscalía presente el escrito de acusación tras la imputación. Ese periodo se cumplió el 31 de marzo de 2026, lo que habilitó a la defensa para solicitar la libertad.
Sin embargo, el ente acusador radicó el documento este 7 de abril, justo cuando la audiencia ya avanzaba.
Para ese momento, el abogado defensor exponía sus argumentos ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La magistrada concluyó que el plazo vencido activó el derecho del procesado a recuperar la libertad.
En su análisis, la togada afirmó que la norma no admite interpretaciones distintas frente a los tiempos.
Con ese criterio, ordenó la libertad inmediata del exministro al encontrar configurado el vencimiento de términos.
Tras la decisión, la Fiscalía interpuso recurso de apelación para intentar revertir la medida adoptada. También apelaron representantes de víctimas, un delegado de la Contraloría y el apoderado del Instituto Nacional de Vías Invías.
El delegado del Ministerio Público respaldó la decisión y optó por no presentar recursos.
El proceso continuará en segunda instancia, donde un juez revisará la legalidad de la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Lo cierto es que Bonilla no queda exento de su presunta responsabilidad en el caso de corrupción de la Ungrd, solo que afrontará el juicio en libertad.