¿Táctica de dilación? La lluvia de preguntas que consiguió aplazar, de nuevo, la audiencia contra Miguel Quintero por desfalco en el AMVA

La audiencia de imputación contra Miguel Quintero, hermano del excalde Daniel Quintero, y otros tres implicados en el desfalco al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, por $2.481 millones se aplazó otra vez.

Y es que la defensa de Quintero, así como la de Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez y Sebastián Ortega, "atosigaron" con solicitudes de aclaraciones a la fiscal encargada del caso.

De esa manera consiguieron que se diera más tiempo a un proceso que el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha calificado de dilatorio.

Y que, según la Fiscalía, ya había expuesto los detalles de reuniones, fechas, porcentajes, contratos y montos específicos.

Aun así, los abogados de los ya imputados presentaron más de 30 solicitudes de "aclaración" antes de que el juez pudiera resolver sobre la medida de aseguramiento.

Sin embargo, ese relato extenso no fue suficiente para las defensas. Una por una, tomaron la palabra para pedirle a la fiscal que precisara, ampliara o reordenara casi cada afirmación hecha durante la diligencia.

El resultado fue la suspensión de la audiencia, que se retomará este martes, 15 de septiembre, a las 2:00 p. m.. En la nueva diligencia, el ente judicial deberá responder una a una las dudas de los abogados.

El abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, fue el único que dijo que su defendido no tenía relación con el caso de corrupción, señaló que habría una "indeterminación" en los delitos imputados.

Según él, si el dinero presuntamente apropiado ya no pertenecía realmente al Estado, pues al tratarse de recursos ya cobrados por un contratista privado, no podría hablarse de peculado por apropiación.

A partir de ahí, formuló nueve inquietudes adicionales, casi todas orientadas a un mismo punto: la forma en que la Fiscalía atribuyó a su cliente el papel de "determinador" del esquema.

Pidió que se explique con qué palabras, en qué momento y frente a quién habría dado Quintero las supuestas directrices, y advirtió que sin esa precisión resulta imposible construir una defensa, ya que "no se puede negar una afirmación indeterminada".

También insistió en que cada uno de los seis contratos investigados debe analizarse por separado, ya que el modelo de imputación elegido por la Fiscalía —un concurso de delitos y no uno continuado— implicaría que probar uno solo de los hechos bastaría para que condenaran a su defendido.

Si la intervención de la defensa de Quintero se concentró en lo conceptual, la del abogado de Álvaro Villada, exsubdirector Administrativo y Financiero del AMVA, fue la más minuciosa.

Argumentó que las funciones formales de su cliente no lo obligaban a intervenir en los seis contratos cuestionados, pues estos fueron tramitados por la Subdirección Ambiental de la entidad, una dependencia distinta.

Por esa razón, le pidió a la fiscal los nombres de quienes firmaron los contratos y quién supervisó cada uno. Asimismo, cuestionó que se usaran frases como que Villada era "los ojos y las manos" de Quintero sin indicar quién las pronunció, cuándo ni en qué contexto.

Lo más llamativo de su intervención, sin dudas, fue el cálculo matemático que realizó. Dijo que las cifras leídas por la fiscal sobre los porcentajes recibidos por cada implicado no cierran con el monto total de la presunta apropiación, y los pagos reportados como base del 15 % ilícito tampoco coinciden con el valor total de los contratos, que ascendería a más de 17.656 millones de pesos.

También solicitó que se defina un punto que podría tener peso jurídico real y es si el delito se consumó en el momento en que el AMVA pagó al contratista o después, cuando ese dinero salió de las arcas de Bomberos de Itagüí hacia los implicados, pues de esa respuesta depende si a Villada se le puede atribuir apropiación.

La abogada de Vanessa Álvarez, contratista de la Subdirección Administrativa del AMVA, adoptó una estrategia distinta a la de sus colegas y desde el inicio aclaró que no buscaba que la Fiscalía agregara hechos nuevos, sino que separara, dentro de lo ya narrado, cuál acción específica le corresponde a su defendida y cuál a los demás mencionados en el mismo relato.

En diez puntos sucesivos, pidió que se precise su papel en la reunión de junio de 2020, su intervención real en los estudios previos —que, según ella, hacían parte de sus funciones contractuales ordinarias— y el sustento de la supuesta intención dolosa que se le atribuye.

Su argumento central fue que Álvarez aparece mencionada varias veces en una narración colectiva, mientras que la responsabilidad penal que se le endilga es individual. Por eso, necesita saber exactamente cuál de sus actos se considera delictivo.

El abogado de Sebastián Ortega, señalado de haber tomado el lugar de Villada como recaudador del dinero en septiembre de 2022, centró casi todas sus preguntas en la falta de fechas exactas.

La Fiscalía ubicó la llegada de Ortega al esquema "a finales de 2022 y comienzos de 2023", y los pagos que se le atribuyen entre esa fecha y julio de 2023, sin precisar momentos puntuales.

El abogado pidió que se establezca cómo, exactamente, terminó un particular sin cargo público asumiendo una función que antes ejercía un funcionario del AMVA y quién tenía realmente el control jurídico sobre los pagos posteriores a la renuncia de Villada.

Como lo dio a entender la Fiscalía, ninguna de las cuatro defensas negó los hechos centrales del caso ni cuestionó las pruebas de fondo. De hecho, todas se apoyaron en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, que exige que la Fiscalía relate con claridad los hechos jurídicamente relevantes cosa, que para ellos, no se cumplió.

Algunas de las precisiones pedidas —como las cifras o la definición del momento exacto en que se consumó la apropiación— tocan aspectos que, de no resolverse, podrían debilitar el caso más adelante.

Pero la cantidad de solicitudes —entre nueve y diez por cada uno de los abogados de los cuatro imputados— es conocida en la práctica judicial como una estrategia para desgastar a la Fiscalía.

Y es que cada aclaración exigida obliga a revisar y sustentar de nuevo fragmentos de la imputación, lo que retrasa la definición sobre la libertad de los procesados.

Incluso los mismos abogados se cuidaron de solicitar la ampliación de la narración —algo que la ley no permite en esta etapa— y solo pudieron "identificar" lo ya dicho; una distinción cuidadosa que, sin embargo, no evitó que la audiencia terminara aplazada.