El organigrama de la red de corrupción que, según la Fiscalía, armó Miguel Quintero para desfalcar al Área Metropolitana
De acuerdo con la Fiscalía, Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, fue el que orquestó y coordinó las tareas de funcionarios, contratistas y particulares para, presuntamente, apropiarse de $2.481 millones.

Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, fue señalado por la Fiscalía de "idear el plan criminal". Foto: archivo
En la audiencia de imputación de cargos en la cual la Fiscalía reveló que la red de corrupción que se armó para desfalcar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) habría sido liderada por Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, se detalló cómo funcionó el esquema ilegal para apropiarse de, por lo menos, 2.481 millones de pesos.
Según el relato de la fiscal encargada del caso, el mismo Quintero, sin ostentar cargo público, orquestó, coordinó y distribuyó las funciones de cada uno de los implicados que están a un paso de terminar en la cárcel, si el ente judicial logra comprobar su responsabilidad.
Miguel Quintero y Álvaro Villada: el cerebro y las manos del "plan criminal"
El papel del hermano del exalcalde de Medellín, de acuerdo con la fiscal, habría sido el de determinador, es decir, el que impulsó a funcionarios y particulares para que intervinieran en los procesos contractuales y favorecieran a un contratista que, presuntamente, él también seleccionó: el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que estaba bajo el mando Misael Cadavid, el único que se habría prestado para el ilícito.
Uno de los primeros movimientos fue la llegada de Álvaro Alonso Villada García a la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA.
Quintero lo habría recomendado ante el entonces director de la entidad, Juan David Palacio, también imputado por el mismo caso.
Villada asumió el cargo en enero de 2020. Para la Fiscalía, él fue una de las piezas centrales para convertir la "idea criminal" en actuaciones administrativas. Este, según el ente acusador, promovió la llegada o permanencia de funcionarios que "no representaran obstáculos para la contratación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí".

También habría impulsado el relevo de servidores de las áreas Jurídica y Ambiental del AMVA que formularan reparos técnicos o jurídicos que pudieran retrasar los procesos.
Ana María Roldán, Diana María Montoya y Vanessa Álvarez: piezas clave en el engranaje
Allí es donde, según la fiscal, apareció Ana María Roldán Ortiz, nombrada subdirectora Ambiental del Área Metropolitana en julio de 2020, también imputada en el proceso.
La Fiscalía sostuvo que su designación buscaba que las áreas encargadas de la contratación no se convirtieran en un “obstáculo para el plan”. Posteriormente, Diana María Montoya Velilla, quien ocupó el mismo cargo, habría seguido con las instrucciones de Quintero y Villada.
Otra pieza del presunto engranaje fue Vanessa Álvarez Restrepo, abogada y contratista de prestación de servicios profesionales de la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera. Se le atribuye la elaboración de los estudios previos que sirvieron de base para los dos primeros contratos.

Álvarez también habría cumplido una función decisiva en la preparación del entramado de corrupción, pues, de acuerdo con la Fiscalía, elaboró y remitió al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí las ofertas o propuestas que posteriormente ese mismo contratista presentó ante el Área Metropolitana. Para el ente acusador, esa intervención fue determinanta para direccionar la contratación.
Misael Cadavid, quien habría negociado rebaja en las coimas
En el otro extremo de lo que la fiscal llamó la "red criminal" estaba Misael Alberto Cadavid Jaramillo que, como ya se dijo, era el representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según la Fiscalía, en junio de 2020 sostuvo reuniones con Villada y Álvarez en las instalaciones del Área Metropolitana, en las que, presuntamente, se modificaron las cifras de la comisión inicialmente exigida por la adjudicación de los contratos.
Del 20 % exigido, quedó en un 15 %. Esto con el propósito de mantener la adjudicación y la continuidad del acuerdo ilícito.

De este, el 10 % sería para Miguel Quintero y el 5 % para quien cumpliera la función de intermediario, encargado de recibir y canalizar el dinero.
Los otros imputados que habrían sacado beneficios de los contratos
Durante la primera etapa, el papel de intermediario fue desempeñado por Villada. La Fiscalía aseguró que, desde septiembre de 2020, habría presionado a la supervisora de los contratos, María Yaneth Rúa García, para agilizar pagos al cuerpo de bomberos, incluso en cuentas de cobro que, según la imputación, incluían sobrecostos en bienes y servicios sin respaldo.

Cuando Villada renunció al Área Metropolitana, el 22 de septiembre de 2022, la “red criminal” encontró un reemplazo. Se trató de Sebastián de Dios Ortega Durán, un ajeno a la entidad, que habría asumido el papel de recaudar, custodiar y canalizar el dinero.
Según la imputación, su llegada se dio por instrucción directa de Miguel Quintero a Misael Cadavid, durante una reunión celebrada entre finales de 2022 y comienzos de 2023.
El 14 de septiembre continuará la audiencia, donde se decidiría el futuro de los imputados
La hipótesis de la Fiscalía es que ese engranaje operó alrededor de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor total, incluidas sus adiciones, ascendió a más de $17.656 millones.
Del 15 % que, según la imputación, habría sido exigido como contraprestación ilícita, el ente acusador calcula una apropiación total de $2.481.150.102, de los cuales, reiteró, presuntamente terminaron en el bolsillo de Miguel Quintero y de sus presunos cómplices.

Por ahora, el organigrama expuesto lo analizará el juez de control de garantías, quien suspendió la audiencia para revisar el material probatorio de la Fiscalía. Su decisión determinará si los implicados que no se allanaron a los cargos reciben medida de aseguramiento o si continuarán el juicio en libertad. Esto se sabría el próximo 14 de septiembre, fecha en la cual se reanudará la audiencia.