SIC formula cargos contra Enel, Celsia y AES por presunta manipulación de precios de la energía
La autoridad sostiene que entre 2022 y 2025 las generadoras habrían presentado ofertas de precio elevadas sin una justificación económica aparente, pese a que sus embalses mantenían altos niveles de almacenamiento.
La SIC investiga si hubo afectación a la libre competencia en el mercado de energía. Foto: cortesía
Tener suficiente agua disponible no habría impedido que tres de las principales generadoras del país ofertaran energía a precios considerablemente más altos de lo esperado.
Esa es una de las principales conclusiones del análisis preliminar de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que este martes formuló pliego de cargos contra Enel Colombia, Celsia Colombia y AES Colombia.
La investigación busca establecer si esas actuaciones afectaron la libre competencia dentro del Mercado de Energía Mayorista.
El proceso se originó en una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía en enero de 2022.
Desde entonces, la SIC recopiló información técnica, económica y regulatoria, practicó visitas administrativas y recibió declaraciones de expertos del sector eléctrico.
Según la autoridad, las compañías habrían presentado de manera reiterada, entre 2022 y 2025, ofertas de precio significativamente superiores al costo de oportunidad del recurso hídrico.
En criterio de la entidad, esas diferencias no tendrían, por ahora, una explicación económica, técnica u operativa suficiente.
Uno de los elementos que más llamó la atención de la investigación es que las plantas vinculadas a esas ofertas mantenían niveles de almacenamiento iguales o superiores al 90 % de la capacidad útil de sus embalses.
Impacto en el mercado eléctrico
La SIC considera que, de comprobarse los hechos, esas conductas habrían alterado el mecanismo mediante el cual se forma el precio de la energía en la Bolsa.
La entidad sostiene que las ofertas investigadas pudieron reducir la participación de la generación hidráulica en el despacho, favorecer tecnologías con costos más altos e introducir señales de precio que no reflejarían la disponibilidad real del recurso hídrico.
Como consecuencia, esas decisiones habrían incidido en el costo de la energía que pagan comercializadores y usuarios finales.
La Superintendencia aclaró que el pliego de cargos corresponde a una etapa inicial del procedimiento administrativo.
Las empresas investigadas podrán ejercer su derecho de defensa antes de que la autoridad adopte una decisión definitiva sobre la existencia o no de una infracción al régimen de libre competencia.