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Sebastián Ortega busca salvarse de la cárcel usando "contradicciones" de Misael Cadavid y su "pelea de pareja"

El abogado Billy Torres, defensor de Sebastián Ortega, cuestionó las pruebas presentadas por el AMVA para solicitar medida de aseguramiento intramural contra su cliente.

Sebastián de Dios Ortega Urán fue mencionado durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por presuntos hechos relacionados con corrupción y otros señalamientos. Foto: tomada de redes sociales

Sebastián de Dios Ortega Urán fue mencionado durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por presuntos hechos relacionados con corrupción y otros señalamientos. Foto: tomada de redes sociales

Para no terminar tras las rejas mientras avanza el proceso, Sebastián Ortega, ya imputado por su presunta participación en el desfalco del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, armó su defensa cuestionando las supuestas contradicciones de Misael Cadavid en sus declaraciones e, incluso, en lo que se llamó "peleas de pareja" del mismo.


El abogado Billy Torres, defensor de Sebastián Ortega, trató de desmontar, uno a uno, los elementos con los que el apoderado del AMVA, reconocida como víctima en el proceso, solicitó medida de aseguramiento intramural contra su cliente.



El defensor sostuvo que, de los 47 elementos materiales probatorios trasladados por la víctima, solo dos mencionan a Ortega, y ninguno tiene relación directa con el contrato 982 de 2021, que es el que se le atribuye y del cual, según la Fiscalía, se habría apropiado de 133 millones de pesos.


Se concentró en señalar la falta de consistencia en las declaraciones del testigo Cadavid, quien aseguró a la Fiscalía que su defendido lo habría intentado extorsionar a través de terceros y familiares.


Torres citó una declaración del 13 de marzo de 2026, en la que Cadavid identificó con nombre propio a cada una de las personas que lo visitaron en prisión, entre ellas el personero y el alcalde de Itagüí, pero, al referirse a un supuesto ofrecimiento de Sebastián Ortega, habló de "terceras personas" sin identificar.


Señaló que, en otra declaración, del 26 de mayo, Cadavid afirmó que "fue él quien buscó a Ortega a través de su hija Sara para pedirle ayuda con un traslado de cárcel", y que fue Ortega quien no respondió y bloqueó a la joven.


Para Torres, esa es una contradicción directa, pues el mismo hecho aparece contado en un relato como un ofrecimiento de Ortega hacia Cadavid y en otro como una solicitud de Cadavid hacia Ortega.


El abogado insistió en que, al no identificarse a la persona que supuestamente transmitió el mensaje, "no es posible citarla, verificarla ni contrainterrogarla", lo que, en su criterio, convierte esa parte del relato en "un testimonio de oídas sin la corroboración que exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia".


Torres usó el mismo cuestionamiento en otro episodio mencionado por la víctima, según el cual un abogado "no identificado se habría acercado a la expareja de Cadavid para hablar sobre él".


Explicó que allí hay tres eslabones: el propio Cadavid, quien lo cuenta; la expareja, quien se lo contó a él; y el abogado sin nombre, que se lo habría dicho a ella.


Al no existir una declaración directa de la expareja ni la identificación del abogado, sostuvo que se trata de un testimonio de oídas de segundo grado, que sería insuficiente para "sustentar decisiones sobre quitarle la libertad a una persona".


Las "peleas de pareja" de Misael Cadavid y los chats con su excompañera sentimental

El abogado se refirió a los mensajes de WhatsApp entre Cadavid y su expareja sentimental que el apoderado del AMVA presentó como evidencia de una presunta extorsión orquestada desde Ortega.


Torres sostuvo que, al leer las capturas de pantalla completas, en ningún momento se menciona el nombre de Sebastián Ortega, y que el contenido de la conversación corresponde a un conflicto de pareja, con frases como reclamos por una compraventa y menciones a hijos y a la opinión pública.


Citó, además, un correo enviado el 2 de septiembre de este año por el defensor de confianza de Cadavid a la Fiscalía, en el que se informa sobre una denuncia penal contra la expareja por presuntos delitos de calumnia y fraude procesal, derivada de publicaciones en redes sociales y de una queja ante autoridades de familia.


El abogado insistió en que "ese documento describe una disputa personal entre la pareja", sin ninguna referencia a Ortega.


La supuesta campaña de desprestigio que habría sido orquestada por Sebastián Ortega y Miguel Quintero

Finalmente, Torres cuestionó el argumento de que existe una campaña de desprestigio orquestada contra Cadavid.



Señaló que el abogado del AMVA presentó como prueba comentarios de perfiles anónimos en redes sociales y de personas que no tienen nada que ver con el proceso, y que atribuirle a su cliente esas expresiones equivale a exigirle algo que está fuera de su control.


Frente al supuesto plan de asesinato contra Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, que también mencionó el abogado del AMVA, aseguró que no existe noticia criminal de ese hecho y que no es más que un rumor, como también lo sería su presunta relación con estructuras criminales del Valle de Aburrá, como se dijo.


Lo que dijo del contrato 982 del 2021 del que, según la Fiscalía, se habría apropiado de $133 millones

El defensor añadió que, según un certificado de facturación del propio contrato 982 del 2021 aportado por la Fiscalía, no se registraron pagos durante 2023, periodo en el que Cadavid asegura que Ortega recibía comisiones, dando a entender que su defendido no se habría quedado con dinero pues, según él, no se hicieron pagos ese año.


Por otro lado, recordó que el 7 de octubre de 2025 otro fiscal atribuyó los mismos hechos, contratos y sobrecostos a personas distintas, sin mencionar a Ortega, lo que, a su juicio, genera una contradicción que debe pesar sobre la credibilidad del relato.


Con este recuento y usando a la misma Fiscañía a su favor, que no pidió cárcel para su cliente, la defensa buscó mostrar al juez que no existe inferencia razonable de autoría ni fines constitucionales que justifiquen la medida de aseguramiento intramural solicitada contra Sebastián Ortega, por lo que pidió que le permita a su cliente defenderse en libertad.


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