Procuraduría respaldó la solicitud de enviar a la cárcel a Miguel Quintero y Sebastián Ortega por desfalco en el AMVA
El Ministerio Público consideró que existen elementos que sustentan la inferencia razonable de participación, así como los riesgos de fuga y obstrucción a la justicia
Procuraduría avaló la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega. Foto: archivo
El delegado de la Procuraduría intervino en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Sebastián Ortega, y avaló los argumentos que la Fiscalía y el apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá expusieron para pedir cárcel para ambos.
El procurador delegado sostuvo que se cumplen los tres presupuestos que exige la ley para imponer la medida: la inferencia razonable de autoría y participación, la procedencia objetiva por tratarse de delitos contra la administración pública con pena superior a cuatro años y los fines constitucionales que justifican la privación de la libertad.
Sobre la participación de los procesados, el delegado se apoyó en las declaraciones de Misael Cadavid y Laura Mejía, y en los testimonios de otras personas vinculadas al caso, para describir el reparto de los recursos comprometidos en cinco contratos firmados entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí, por un valor aproximado de 2.481 millones de pesos.
Según esa reconstrucción, un 10 % de esos recursos estaba destinado a Miguel Quintero y un 5 % adicional se repartía primero con Álvaro Villada y, tras la ruptura de la relación entre ambos, con Sebastián Ortega, quien pasó a recibir esos dineros.
El delegado citó, además, declaraciones y documentos que, según dijo, sustentan la relación de amistad entre Quintero y Ortega, así como los pagos que este último habría recibido a través de la familia de Cadavid.
El procurador delegado también se refirió a los riesgos que, a su juicio, justifican la medida intramural.
Basado en lo que sostuvo la Fiscalía, mencionó las supuestas amenazas y los presuntos hostigamientos contra testigos y apoderados, las visitas e intromisiones dirigidas a la familia de Misael Cadavid a través de su exesposa y su hija; y más de 300 consultas al expediente que calificó de no autorizadas por la Fiscalía.
Según dijo, la documentación habría sido revelada antes de formalizarse el proceso judicial. Para el delegado, esos hechos configuran un riesgo de obstrucción a la justicia.
Ministerio Público está de acuerdo con la solicitud hecha por el AMVA para Ortega
En el caso de Sebastián Ortega, el Ministerio Público señaló un riesgo adicional de fuga, sustentado en su capacidad económica y en el hecho de contar con visa y pasaporte para viajar a Panamá y a otros países.
Añadió que Ortega tendría, según la exposición del apoderado del AMVA, capacidad de influencia sobre entidades de la administración pública por su ejercicio político, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de que el proceso se vea afectado.
El delegado retomó también la descripción que había hecho el representante de víctimas sobre un entramado que, según los testimonios recogidos en el proceso, habría operado bajo el liderazgo de una persona identificada en grupos de WhatsApp como "el Jefe", refiriéndose a Miguel Quintero, quien habría tenido el control de la contratación en tres entidades del orden municipal, entre estas el Área Metropolitana.
En ese contexto, citó la relación personal que, según la investigación, conectó a distintos funcionarios desde el Concejo municipal hasta cargos departamentales.
Con este pronunciamiento, el Ministerio Público coincidió con la Fiscalía y el apoderado de víctimas en pedir al juez 27 penal municipal con función de control de garantías que imponga la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, al considerar que una medida menos restrictiva resulta insuficiente frente a los riesgos expuestos.