¿Se avecina el fin de las APPA de Petro en el Suroeste antioqueño? Esto dice el proyecto para derogar la restricción de tierras

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ya subió al Sistema Único de Consulta Pública -para recibir los comentarios ciudadanos- el proyecto de resolución con el que se busca derogar las 9 Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que dejaron amarradas más de 102.801 hectáreas en 19 municipios del Suroeste antioqueño.

Hasta el próximo 8 de octubre de 2026, las autoridades territoriales, los gremios y la ciudadanía pueden radicar observaciones al proyecto, que había sido una promesa de campaña del hoy presidente Abelardo De La Espriella.

Y es que las APPA fueron motivo de confrontación política entre los mandatarios antioqueños y los funcionarios del gobierno Petro.

Los primeros denunciaban que el Ejecutivo buscaba restringir las actividades económicas y regular el uso del suelo, que es una potestad de los concejos municipales. Los otros aseguraban que, con las mismas, buscaban proteger el agua y la "seguridad alimentaria".

Pese a la controversia y a que, incluso, los mismos campesinos se opusieron, el gobierno anterior expidió 9 resoluciones.

Estas limitaban la explotación del suelo en los municipios de Andes, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín, Fredonia, Hispania, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia. Amagá, Angelópolis y Titiribí, por su parte, quedaron en fase previa.

Un mes después de la posesión de De La Espriella, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) inició la revisión integral del expediente. El mismo estaba compuesto por 484 documentos y 10.450 páginas, contrastados con 16 servicios de datos oficiales.

El resultado quedó consignado en el Documento Técnico de Soporte "Revisión de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) declaradas en el Suroeste del departamento de Antioquia", fechado en septiembre de 2026.

El mapa base con el que se armaron era provisional, como se indicó en las resoluciones. Y es que el propio documento admitió que el proceso para construirlo no se completó del todo. Esto porque apenas cubrió una parte de los pasos que exige la metodología oficial para actualizar la frontera agrícola del país.

Para dibujar los límites finales de las áreas protegidas se aplicaron 2 filtros. El primero descartaba los pedazos de terreno demasiado pequeños para representarse con precisión. Ese filtro sí se aplicó correctamente.

El segundo debía unir o eliminar fragmentos sueltos según qué tan cerca estuvieran unos de otros. Sin embargo nadie dejó registrado qué distancia se usó para tomar esa decisión. Eso significa que hoy es imposible saber por qué el mapa terminó dividido en 1.727 áreas separadas entre sí, ni repetir el cálculo para comprobarlo.

En 8 de los 19 municipios, los mismos técnicos reconocieron que no pudieron descontar del área protegida ciertos terrenos que deberían quedar por fuera. Se trataba de zonas de riesgo o de reserva ambiental, simplemente porque no tenían los mapas municipales necesarios para ubicarlos.

Ese problema estuvo presente en más de 46.000 hectáreas de las APPA, casi la mitad de todo lo declarado. Además, en 6 municipios, la información que se usó para hacer esos descuentos provenían de planes de ordenamiento territorial que tienen más de 20 años y nunca se actualizaron.

Sobre la calidad del suelo, los documentos solo muestran la categoría de tierra más apta para cultivar. Pese a ello, la información, según el informe, ni siquiera existe para 14 de los 19 municipios.

Con lo poco que había, la propia revisión concluyó que buena parte de las áreas declaradas está sobre suelos con limitaciones para la agricultura, lo contrario de lo que buscaba el instrumento.

También quedaron sueltos temas como sitios de patrimonio cultural, proyectos turísticos e infraestructura, que debían cruzarse con el mapa final y no se hizo. Por otro lado, aparecieron cifras distintas entre lo que dice el expediente original y lo que arrojó la revisión sobre minería y geotermia.

El Ministerio de Agricultura afirmó que estudió, por lo menos, 6 caminos posibles antes de presentar el proyecto de derogación de las APPA.

Aseguraron que dejar las 9 resoluciones como estaban significaba mantener vigentes unas reglas construidas sobre información incompleta.

Y corregir solo el trazo de los polígonos no alcanzaría. El problema, argumentaron, no estaba en el esquema final, sino en los pasos previos. Así que arreglarlo de fondo equivaldría a rehacer todo el proceso desde cero.

Por otra parte, derogar algunas resoluciones y dejar otras vigentes generaría reglas distintas entre municipios vecinos que comparten el mismo método y los mismos errores de origen.

Por eso, el proyecto concluye que derogar las 9 resoluciones al mismo tiempo es la opción más acertada.

Con esto, los municipios recuperarán el manejo pleno sobre el uso de su suelo y se seguirán aplicando las protecciones ambientales de mayor jerarquía, las categorías de suelo protegido del Decreto 1077 de 2015 y los propios planes de ordenamiento de cada municipio.

Al mismo tiempo que se prepara el proyecto de derogación, que podría ser aprobado antes de finalizar este año, la Corte Constitucional estudia una demanda contra la norma de la Ley 388 de 1997 que le da sustento legal a este tipo de áreas protegidas.

Un despacho admitió en marzo de 2025 un cargo por violar la autonomía de los municipios, y la Procuraduría pidió en julio de ese mismo año que la norma se declare contraria a la Constitución.

Además de ello, hay una acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Agricultura y otras entidades por actos relacionados con las mismas áreas.

El proyecto aclara que ningún juez ha ordenado frenar o proteger las 9 resoluciones, y que la decisión de derogarlas se toma sin esperar lo que resuelva la Corte Constitucional más adelante.