¿Quién es Sebastián Ortega? Además del AMVA, ventilaron sus presuntos "vínculos con Ricardo Roa, La Oficina" y un supuesto "plan de asesinato"

Sebastián Ortega pasó de ser un simple eslabón en la cadena de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA —que habría sido dirigida por Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero—, a convertirse en una pieza de un presunto esquema de corrupción que tocó las más altas esferas del poder del país y de la región.

Así lo sostuvo el abogado Majer Nayi Abushihab, apoderado del AMVA, que figura como víctima en el proceso. Lo hizo durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por el presunto desfalco de la entidad.

Se esperaba que solo hiciera alusión a su papel como intermediario y quien habría entregado el dinero, en efectivo y en bolsas, a Miguel Quintero, reemplazando a Álvaro Villada.

Sin embargo, según el relato expuesto por la representación de víctimas, tanto Miguel Quintero como Ortega habrían actuado “bajo la sombra”, sin ostentar un cargo público.

Lo hicieron, aseguró, a través de terceros y de personas con acceso a las cabezas de las entidades involucradas en el caso, lo que los convertiría a ambos en piezas clave de este y otros negocios ilícitos.

Ese patrón, sostuvo el abogado, se habría repetido en varios episodios que iniciaron en el AMVA y se extendieron a la contratación del Hospital General de Medellín, pasando por un proceso judicial paralelo relacionado con unos títulos valores e, incluso, en la presunta injerencia en la venta de Afinia, que se habría concretado por 5 millones de dólares.

Sin embargo, en los argumentos presentados para justificar la solicitud de medida de aseguramiento en un centro carcelario, el abogado presentó pruebas en las que se relacionaría a Ortega no solo con casos de corrupción en el Valle de Aburrá, sino con otros hechos de mayor gravedad, sin restarle importancia, eso sí, al entramado de corrupción local.

Sebastián Ortega es hijo del excongresista William Ortega y, hasta ahora, había pasado desapercibido en su presunto nivel de influencia en los señalados actos de corrupción.

Pero este 21 de septiembre, cuando Abushihab reveló un documento enviado por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y quien colabora con la Fiscalía en un caso por presunto tráfico de influencias del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se ventilaron presuntas relaciones que no solo lo involucran en supuestos actos de corrupción.

De acuerdo con lo revelado por el abogado, el hombre tendría una supuesta relación con la estructura criminal La Oficina y, en el mismo documento, Rojas lo señala de haber sido parte de un “plan de asesinato” en su contra.

El documento firmado por Rojas es del 14 de agosto de 2025 y se lo envió a Abushihab para que este lo usara como un argumento de que Ortega “es un peligro para la comunidad” y que, mientras avanza el proceso, “debía permanecer en prisión”.

En el documento firmado por Rojas relató haber recibido, el 18 de julio de ese mismo año, un mensaje de WhatsApp enviado presuntamente desde un número de España.

En este describió unas supuestas reuniones sostenidas entre el 30 de junio y el 4 de julio de 2025 en Madrid, España, e Italia. A estas habrían asistido Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; su pareja, Julián Caicedo; Juan Guillermo Mancera, Santiago Vargas y Sebastián, además de delegados de magistrados del Consejo Nacional Electoral.

El propósito de ese encuentro, según el mismo mensaje, habría sido acordar “el pago de 10 millones de dólares” a los magistrados, entre estos Álvaro Hernán Prada, a cambio de un fallo favorable en un futuro negocio de la “planta regasificadora de Chuchupa”.

Indicó Rojas que, en ese mismo encuentro, se habría planteado la preocupación de que él era la única persona que no habían logrado silenciar pese a las amenazas previas, y que se decidió encargar a dos personas para “eliminarlo”.

Se trataba, según el mismo Rojas, de Sebastián de Dios Ortega y una mujer identificada como "Sara". Para ello, les dieron un plazo estimado de cuatro semanas.

Esa información, según el documento, la supo por Gustavo Suárez Gutiérrez, quien vive en Medellín y a quien el mismo Sebastián Ortega habría contactado personalmente, aprovechando que tenía unos pleitos judiciales con Rojas.

“Lo habría buscado para ofrecerle contratos cercanos a los 3 millones de dólares en Ecopetrol para que se prestara para una prueba grafológica y que ellos se encargaban de que las letras salieran falsas o adulteradas y así poderme hacer imputación en la Fiscalía”, precisó Rojas, aclarando que Gustavo Suárez se negó a la solicitud porque no estaba dispuesto “a hacerme daño, pese a las diferencias”.

Aclaró que no conoce personalmente a Sebastián Ortega, pero, según dijo, sí escuchó de él en varias reuniones en las que estuvo con Ricardo Roa, Julián Caicedo y Juan Mancera, pues, aparentemente, tenían una relación muy estrecha.

En ese mismo punto, vinculó a Ortega con la “Oficina de Envigado” y describió a "Sara" como socio de una persona identificada como Hernando S., a quien se le atribuyen presuntamente vínculos con estructuras de narcotráfico, sin ahondar más en el caso.

La intervención de Abushihab continuó con el testimonio de Misael Cadavid, quien relató que sostuvo reuniones con Miguel Quintero en las que —según dijo— se le habría ofrecido la gerencia del Hospital General de Medellín a cambio de entregar después el control de la contratación de medicamentos, aseo, vigilancia y alimentación del centro asistencial.

Cadavid también mencionó en su testimonio a Esteban Restrepo, entonces secretario de Gobierno, y al entonces concejal Alex Flórez, a quien atribuye haberle pedido una millonaria suma de dinero para gestionar el cargo, pese a que, según dijo, se lo habrían ofrecido con anterioridad.

Más allá de los graves señalamientos, el abogado precisó que todo lo revelaba para que el juez tuviera elementos con los cuales acogiera la solicitud de medida de aseguramiento tanto para Ortega como para Miguel Quintero ya que, de esa manera, quedaría demostrado que ambos tienen influencia y poder para tratar de interferir en el proceso por el que se les acusa.