¿Quien dio la orden de reanudar la operación de los trenes que chocaron en España tendría sanciones penales? Esto dice la ley.
El Código Penal español establece sanciones penales en casos de imprudencias grave en el ejercicio profesional, pero antes se deben esclarecer las causas del accidente con exactitud.
El choque ferroviario ocurrido en Urda, España, que hasta el momento, le ha cobrado la vida a 69 personas, generó múltiples cuestionamientos, en especial si hubo un error humano o fallos de seguridad. Y queda una pregunta: ¿quién tendría que responder ante la justicia y qué consecuencias podría enfrentar?
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades investigarán hasta esclarecer lo sucedido.
“Si ha habido negligencias se sabrá”, afirmó durante su visita al lugar del accidente y las posteriores declaraciones publicadas en sus redes sociales.
Y es que el artículo 142 del Código Penal Español establece penas de uno a cuatro años de prisión por homicidio causado por imprudencia grave.
Aplicado a este caso, si la justicia demuestra que una persona incumplió gravemente sus obligaciones y que esa conducta causó muertes, podría ser procesada por ese delito.
Si además se demuestra imprudencia profesional, podría perder el derecho a ejercer su profesión de tres a seis años.
La ley también contempla situaciones con varias víctimas. El artículo 142 bis permite aumentar la pena cuando el hecho es de notoria gravedad y se cumplen determinadas condiciones, entre ellas que haya dos o más fallecidos. El aumento debe decidirlo un juez y no se aplica automáticamente.
Si se demuestra que hubo imprudencia en la actuación de otras personas responsables de la seguridad, el mantenimiento o la supervisión, sus actuaciones también podrían investigarse. Pero no basta con ocupar un cargo: debe probarse la responsabilidad individual de cada persona.
¿Qué pasa si hubo fallos en los sistemas de seguridad?
Si el sistema de seguridad presentó errores, la investigación deberá establecer qué falló, quién tenía la obligación de revisar o mantener los sistemas y si alguna acción u omisión contribuyó al accidente. La responsabilidad penal dependerá de las pruebas y de las obligaciones concretas de cada implicado.
La Ley 2/2024 establece que la investigación técnica busca determinar las causas del accidente y proponer medidas para evitar que se repita, no declarar culpables. Esa labor es distinta de la investigación judicial, que debe establecer si hubo delitos y quiénes responden por ellos.
Las causas del choque de trenes en España aún se investigan
Por ahora, las autoridades siguen reconstruyendo lo ocurrido y examinando las comunicaciones, los registros técnicos y los protocolos ferroviarios.
Aunque las primeras pesquisas apuntan a un posible error humano, las causas aún no están establecidas de manera definitiva por las autoridades competentes.
Por eso, las penas mencionadas son las previstas en la legislación española. Primero la investigación deberá esclarecer con mayores detalles las causas de lo que ocurrió.