¿Qué es el recurso de nulidad solicitado por el abogado de Daniel Quintero? ¿Puede llevar a que prescriba el caso de Aguas Vivas?

El proceso en estrados judiciales contra Daniel Quintero y otras 12 personas, por el sonado caso de presunta corrupción con el lote de Aguas Vivas, entró en un largo periodo de cesación luego del inicio de la audiencia de formulación de acusación, en la tarde del pasado viernes. Ese día, 4 de los abogados defensores, incluido el del exalcalde, le solicitaron a la jueza declarar nulidad en la formulación de imputación de cargos.

Luego de escuchar argumentos sobre esa solicitud, la titular del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín decidió aplazar la sesión para analizar el sustento jurídico de los defensores y tomar una decisión.

Sin embargo, aunque propuso retomar la audiencia este 24 de noviembre, finalmente quedó programada para el próximo año: el viernes, 13 de febrero, a las 8:30 de la mañana.

Pero, ¿qué es el recurso de nulidad y qué efectos puede tener en este proceso? El artículo 457 del Código de Procedimiento Penal establece "nulidad por violación a garantías fundamentales" y precisa que "es causal la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales".

Los abogados coincidieron en afirmarle a la jueza del caso Quintero que la fiscal no detalló correctamente los hechos. Añadieron que hubo errores y vacíos procedimentales en la exposición de la fiscal durante la imputación de cargos, que se realizó entre el 24 y el 30 de abril pasado, lo que daría pie a la nulidad de ese proceso.

El abogado penalista Iván Durango explica que "las nulidades son una herramienta legal para declarar que algo fundamental se hizo erradamente. Que se hizo mal durante el proceso, violando cualquiera de las reglas esenciales del proceso penal".

En la audiencia del viernes, la fiscal delegada de la Unidad de Administración Pública en Medellín, Yarlecy Mena Benítez, insistió en que el proceso lo realizó bajo los lineamientos que estipula la ley. Además, recalcó a la jueza que considera la solicitud como "un debate ajeno a la actual etapa procesal".

"Las nulidades no se solicitan solo por un error de transcripción o una equivocación menor. Se solicitan por una falta grave que afecta las garantías básicas como el derecho a la defensa y el debido proceso", añadió Durango.

Ya será hasta febrero de 2026 que la jueza notifique a las partes si considera que la solicitud de los abogados es procedente. O si, por el contrario, no accede a ella y continúa el curso del proceso en la etapa que fue programada para el pasado viernes: audiencia de formulación de acusación.

"La nulidad busca reestablecer la legalidad, es decir, borrar el acto viciado. El juez tiene que devolver el proceso al momento exacto en el que se cometió el error para que se repita correctamente. En casos extremos, una nulidad puede llevar a que una sentencia sea anulada", finalizó el penalista.

Aunque la jueza 22 Penal de Conocimiento de Medellín decida decretara nulidad, el proceso estaría lejos de prescribir. Para los delitos que le imputaron a Daniel Quintero, los términos de prescripción establecidos en la ley son los siguientes: peculado por apropiación en favor de terceros, un máximo de 10 años para que el proceso finalice con sentencia, y para prevaricato por acción, son 6 años para que se decrete la prescripción de la acción penal.

A Quintero, a 9 de sus exfuncionarios y a 3 particulares los investigan por presuntas irregularidades con un terreno denominado Aguas Vivas, ubicado en El Poblado.

Ese terreno había sido cedido al municipio en 2019, a manera de compensación urbanística, durante la pasada Alcaldía de Federico Gutiérrez.

Sin embargo, en la Administración de Daniel Quintero quisieron devolverlo a los particulares imputados y aumentaron su avalúo irregularmente en más de 40.000 millones.

Los delitos por los que presuntamente serían responsables son peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. A Quintero le imputaron cargos por los primeros 2 primeros de esos delitos.

Según las evidencias de la Fiscalía, habrían modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para "restituir ilegalmente" el lote de Aguas Vivas a los representantes de las empresas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas. A través de estas compañías, en 2019 cedieron el terreno gratuitamente al Municipio como pago anticipado por obligaciones urbanísticas.