¿Qué contiene el "Libro de la Verdad"? Los 82 casos de presunta corrupción de la administración Petro que De la Espriella llevó ante la Fiscalía
Miles de contratos, billones de pesos y cuestionamientos a varias entidades aparecen entre los hallazgos del empalme. La Fiscalía determinará si tienen sustento.
El Gobierno remitió 82 casos a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por posibles irregularidades. Foto: cortesía Fiscalía
Billones de pesos sin rastro, miles de contratos y programas con problemas de financiación aparecen en el Libro de la Verdad, pero todavía falta determinar qué puede probarse.
El gobierno de Abelardo de la Espriella condensó allí 82 casos sobre presuntas irregularidades que atribuye a la administración de Gustavo Petro.
Los señalamientos atraviesan varias entidades y van desde el manejo presupuestal hasta contratación, programas sociales, entrega de tierras y endeudamiento.
Uno de los montos más altos aparece en la Ungrd, entidad sobre la cual el empalme planteó varios cuestionamientos financieros.
Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), aseguró que la entidad ejecutó apenas el 4,3 % de su presupuesto durante cuatro años.
Además, afirmó que giró $856.000 millones sin urgencia y que se habría perdido el rastro de otros $1,38 billones.
Air-e también figura en el documento. De la Espriella habló de problemas en la empresa que representarían pérdidas por $2,59 billones.
En materia de contratación, el informe apunta al Ministerio de Igualdad y a más de 1.000 contratos de Cancillería por encima de $80.000 millones.
Otro señalamiento habla de una supuesta nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios.
Colombia Mayor, el Icetex, proyectos en el páramo de Santurbán y la política de paz total completan parte del panorama presentado por el Gobierno.
Ahora la Fiscalía deberá determinar qué puede probarse
El documento también contiene cuestionamientos sobre la entrega de tierras, el endeudamiento nacional y decisiones presupuestales relacionadas con las Fuerzas Militares.
El Gobierno llevó los 82 casos ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que cada organismo actúe dentro de sus competencias.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, marcó distancia entre los señalamientos consignados en el informe y las eventuales conclusiones judiciales.
“Su contenido será objeto de valoración técnica y jurídica bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia”, afirmó Camargo.
Para esa tarea, la Fiscalía conformará un equipo especial con participación de las áreas de fiscales ante la Corte Suprema y de lucha contra la corrupción.
Los investigadores tendrán que verificar la información y contrastarla con pruebas obtenidas legalmente antes de decidir si existen fundamentos para iniciar actuaciones judiciales.
Camargo aseguró que ese examen se hará “sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza”.