¿Puede De la Espriella encerrar a cabecillas en cárceles en altamar? Esto tendría que resolver el Gobierno
La propuesta de recluir grandes cabecillas en buques no tendría una prohibición constitucional, pero para implementarla sería necesario modificar la legislación penitenciaria.
La propuesta marítima se suma al Estatuto Antiterrorista que el Gobierno llevará al Congreso. Foto: cortesía
Aislar a cabecillas en embarcaciones de la Armada es una de las apuestas de la nueva política carcelaria de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, una orden presidencial no sería suficiente.
La Constitución no prohíbe expresamente implementar cárceles en altamar. El principal cambio tendría que hacerse en las normas que actualmente regulan el sistema penitenciario colombiano.
El abogado penalista Óscar Santamaría explicó que no existe un impedimento constitucional para desarrollar la propuesta, aunque sería necesario modificar el Estatuto Penitenciario y Carcelario.
La iniciativa, denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), fue planteada por el Ministerio de Defensa durante un consejo de seguridad en Barranquilla.
El esquema contempla recluir a presos de alta peligrosidad en embarcaciones, con participación de la Armada Nacional y el Inpec.
El objetivo sería cortar las comunicaciones de cabecillas que, según el Gobierno, continúan coordinando extorsiones y otras actividades criminales desde prisión.
La propuesta coincide con las primeras decisiones de De la Espriella para endurecer las condiciones de reclusión.
Este martes ordenó trasladar a 20 internos que permanecían en Barranquilla. Diez estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.
Entre los trasladados figuran integrantes de Los Pepes y Los Costeños.
El pasado 8 de agosto también fueron trasladados 117 internos, 104 de ellos desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia.
El antecedente de ‘Don Diego’
La idea de utilizar embarcaciones para aislar cabecillas no es completamente nueva en Colombia.
En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, fueron recluidos en embarcaciones de la Armada.
El caso de ‘Don Diego’ llegó a los jueces. En diciembre de ese año, un juez de Bogotá concedió una tutela y ordenó trasladarlo a un establecimiento penitenciario en tierra.
La discusión estuvo relacionada con las condiciones de su reclusión, entre ellas las dificultades de su hija menor para visitarlo y la posible afectación de la unidad familiar.
Dos meses después, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión, permitiendo que ‘Don Diego’ regresara a una embarcación de la Armada.
El antecedente cobra relevancia frente a Remas porque la justicia no estableció entonces una prohibición general para recluir personas en embarcaciones.
Santamaría explicó que, para convertir ahora ese esquema en una política penitenciaria, el Gobierno deberá modificar el Estatuto Penitenciario y Carcelario.
Además, cualquier modelo deberá garantizar derechos de los internos relacionados con salud, defensa, acceso a la justicia, dignidad y vínculos familiares.
La propuesta marítima hace parte de una política de seguridad más amplia. El Gobierno también prepara un Estatuto Antiterrorista que será presentado al Congreso.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anticipó que el proyecto contemplaría una lista de organizaciones terroristas y condiciones carcelarias más estrictas para sus integrantes.
De esta manera, las cárceles en altamar no estarían cerradas jurídicamente de entrada. El desafío para el Gobierno será crear el marco legal que permita convertir la propuesta en una modalidad permanente de reclusión.