Procuraduría señaló "errores" del juez que impuso casa por cárcel a Miguel Quintero y pidió que lo envíen a prisión
El delegado del Ministerio Público sostuvo ante el juez de segunda instancia que el funcionario de primera descartó pruebas que debió valorar y minimizó los riesgos del caso.
Procuraduría apoyó a la Fiscalía y al AMVA en la apelación con la que se solicitó que Miguel Quintero fuera enviado a la cárcel. Foto: cortesía
La Procuraduría, que por ley no solicita medidas de aseguramiento, pidió de todas formas revocar la decisión que dejó a Miguel Quintero Calle en detención domiciliaria y a Sebastián Ortega con restricciones no privativas de la libertad, ambos imputados por el desfalco en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA
Su argumento es que el juez se "equivocó al analizar las pruebas" y que, de haberlas valorado completas, la conclusión habría sido otra.
El primer reproche es que el despacho aceptó solo uno de los tres fines constitucionales que invocaron la Fiscalía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Reconoció el peligro para la comunidad, pero descartó la no comparecencia al proceso y la obstrucción a la justicia. Para el delegado, esa segunda negativa es la más discutible, porque se apoyó en dejar de lado elementos que, para el Ministerio Público, sí tenían valor.
Entre estos están las publicaciones y declaraciones de Daniel Quintero, de Esteban Restrepo y de la expareja del testigo Misael Cadavid.
El juez las trató como un asunto familiar o como simples noticias. Para el Ministerio Público, sirven para impugnar la credibilidad de los testigos y, además, encajan en un patrón de presión. Estos son, según el procurador delegado, ofrecimientos de apoyo jurídico y de cambio de cárcel a Cadavid, un supuesto ofrecimiento de dinero a su expareja y el intento de evitar que él accediera al principio de oportunidad.
Dijo también que "el juez erró al pensar" que las iniciales usadas en esas conversaciones ('SO' y 'MQ') podían referirse a otras personas, cuando la testigo Laura Mejía explicó que así se identificaban internamente los procesados.
El delegado reprochó, además, que se desestimaran como incompletos los radicados que mostraban otros procesos donde se habría intentado obstruir la justicia, con el argumento de que debía aportarse el expediente completo.
El segundo reproche es sobre las medidas. En el caso de Quintero, la casa como lugar de reclusión no controla el riesgo. Y es que, de acuerdo con el material de la Fiscalía, habría operado a través de terceros, de teléfonos y de mensajeros que incluso lo llamaban su "jefe", y en su domicilio no habría control de visitas ni de dispositivos. "Ni siquiera se ordenó vigilancia electrónica", precisó.
Procuraduría, además de pedir cárcel para Miguel Quintero, pide medidas contra Sebastián Ortega
Para la Procuraduría, con Sebastián Ortega pasó algo similar. A este se le prohibió contactar testigos, pero eso, según el delegado, no tendría cómo verificarse, y que no tuviera medida privativa "le parece desproporcionado frente a su presunto papel de interviniente".
Rechazó, por último, que la cárcel equivalga a anticipar una condena. Recordó que la ley permite afectar la libertad cuando hay inferencia razonable de participación y que en un centro de reclusión "sí es posible controlar llamadas, visitas y comunicaciones, algo que en libertad queda abierto, incluida la manipulación de sistemas informáticos y medios".
El juez de segunda instancia deberá resolver ahora las apelaciones de la Fiscalía y del Área Metropolitana, con la posición del Ministerio Público sobre la mesa.