Defensa de Miguel Quintero expone sus cartas para evitar la cárcel: habló de "ilegalidad de pruebas" y "botín político"

Sin tratar de desvirtuar ninguna de las pruebas ni los señalamientos que la Fiscalía le hizo a Miguel Quintero, a quien ya imputaron y contra quien pesa una solicitud de medida de aseguramiento por el desfalco en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la defensa del hermano del exalcalde Daniel Quintero se enfocó en evidenciar los supuestos errores que tuvo la Fiscalía en la consecución del material probatorio.

El abogado Santiago Trespalacios las organizó en varios ejes: la existencia de lo que llamó una "indagación inconstitucional", la presunta fragilidad de los testimonios que sostienen la imputación, la "falta de riesgo de fuga y de obstrucción" y la desproporción de pedir cárcel para su cliente.

Antes de iniciar mencionó que, a su parecer, enviar a la cárcel a su defendido mientras se defiende de las acusaciones sería visto como ganar un "botín político".

Se enfocó, en primera instancia, en reconstruir la línea de tiempo del proceso para demostrar la supuesta indagación inconstitucional.

Según el abogado, la Fiscalía tenía elementos sobre Quintero desde el 26 de febrero de 2025, cuando un fiscal interrogó a Laura Mejía, una de las testigos que ya tiene un principio de oportunidad. Ese día, según Trespalacios, ella mencionó su nombre.

El 10 de junio de ese año, otro despacho recibió una extracción de información de un dispositivo de Mejía en la que también aparecía el nombre de Quintero.

El defensor afirmó que su cliente, en ese momento defendido por otra abogada, se enteró de la investigación solo hasta octubre, a raíz de un trino del alcalde Federico Gutiérrez sobre capturas relacionadas con contratación pública.

Trespalacios relató que, a partir de esa fecha, la defensa de Quintero de ese entonces envió varias solicitudes a la Fiscalía para acceder a la investigación y poder ejercer el derecho de defensa desde una etapa temprana.

Dijo que las mismas fueron respondidas con información que indicaba que "no existía ningún proceso registrado contra Quintero". Con base en esa respuesta, la defensa presentó una acción de tutela en diciembre de 2025, la cual fue negada, por lo que el abogado calificó como carencia actual de objeto. A su juicio, la decisión contradice la propia cronología documental que se expuso en la audiencia.

El defensor señaló que, mientras la solicitud de la defensa seguía sin resolverse, la Fiscalía adelantó varias diligencias sobre Quintero sin citarlo.

Mencionó un reporte del sistema de la Rama Judicial con seis audiencias reservadas y once audiencias de control posterior realizadas entre la fecha de la solicitud y la actualidad.

Entre estas citó una diligencia del 14 de abril de este año sobre la extracción de tres celulares y otra del 24 de agosto relacionada con un informe migratorio de Quintero, que, según dijo, sustenta el argumento de riesgo de fuga.

El abogado pidió la exclusión de esos elementos por considerar que se practicaron sin permitir la participación de la defensa, en contravía de un precedente de la Corte Constitucional que citó durante su intervención.

El defensor relató, además, un encuentro con la fiscal del caso en el que le mencionó la existencia de esas audiencias reservadas. Dijo que la fiscal actual no tenía conocimiento de la solicitud de la defensa presentada meses antes y atribuyó esa falla a los fiscales que llevaron el caso previamente, no a ella.

Con base en ello, le pidió al juez de control de garantías que excluyera las pruebas que se consiguieron, según su parecer, de manera ilegal, entre estas las declaraciones de Laura Mejía y Misael Cadavid, que son los "testigos estrellas" y quienes han aportado la información más relevante que llevó a la imputación del hermano del exalcalde de Medellín.

Sostuvo, por otro lado, que su representado ha sido víctima de insinuaciones que carecen de realidad y que el caso se ha vivido tanto en el juzgado como en los medios de comunicación.

Indicó que dicha cobertura no fue casual y que las manifestaciones de terceros sobre el parentesco de Quintero con el exalcalde Daniel Quintero se usaron como parte de un ataque coordinado.

Incluso, mencionó al alcalde Federico Gutiérrez, quien ha calificado la supuesta corrupción como un grupo delincuencial organizado, al que llamó los "hermanitos Q" y al que prometió hacerle un pabellón en la cárcel que se construye en la ciudad.

Además contabilizó los trinos que ha hecho Gutiérrez y los comparó con los que ha hecho Daniel Quintero en defensa de su hermano, tratando de desvirtuar la tesis de que habría un "plan de desprestigio" de la Fiscalía coordinado, supuestamente, por Miguel Quintero.

Sobre las pruebas testimoniales, Trespalacios cuestionó la inconsistencia del relato de Misael Cadavid y mencionó el beneficio que este recibió al acogerse a un principio de oportunidad, así como un aumento en su patrimonio que, según el abogado, no quedó explicado con claridad.

También se refirió a los mensajes de texto que Mejía habría borrado de su celular, según documentos de la propia Fiscalía, y a cambios en las versiones que ella ha dado sobre sus vínculos contractuales con entidades públicas.

Trespalacios argumentó que la relación de poder que se le atribuye a Quintero, derivada de su cercanía con la administración de su hermano, perdió vigencia desde que Daniel Quintero dejó la Alcaldía.

Aseguró que las personas que hoy ocupan cargos en el Gobierno local y nacional no tienen cercanía con su cliente, sino una relación de distancia. Con ese argumento buscó desvirtuar el riesgo de que Quintero use contactos institucionales para entorpecer el proceso.

El defensor cerró con un planteamiento sobre la proporcionalidad de la medida. Dijo que la petición de cárcel no responde a una finalidad cautelar y que la pregunta que debe resolver el juez no es si Quintero es responsable de los hechos que se le imputan, sino si debe enfrentar el proceso privado de la libertad y en una cárcel.