Noticias

Presupuesto General de 2027 podría caerse por un error en su aprobación en el Congreso

Aunque Senado y Cámara aprobaron los $634,9 billones, una diferencia en las votaciones podría comprometer la validez del trámite y modificar los recursos destinados a sectores como la salud.

Aunque el presupuesto de $634,9 billones se mantendría, podrían perderse adiciones negociadas para salud. Foto: cortesía

Aunque el presupuesto de $634,9 billones se mantendría, podrían perderse adiciones negociadas para salud. Foto: cortesía

Lo que parecía una aprobación definitiva del Presupuesto General de la Nación para 2027 podría terminar en un problema jurídico para el Gobierno Nacional. Una presunta irregularidad en el Congreso pondría en riesgo el trámite de los $634,9 billones destinados a financiar los gastos del país durante el próximo año.


La controversia surgió horas después de las votaciones, cuando se conoció que Senado y Cámara de Representantes habrían aprobado textos diferentes de un mismo artículo, sin adelantar el procedimiento necesario para unificarlos.


La senadora Esmeralda Hernández advirtió sobre esta situación y cuestionó que el proyecto se hubiera dado por aprobado pese a las diferencias entre ambas corporaciones.


El problema estaría específicamente en el artículo 65, relacionado con las operaciones de cobertura fiscal que permitirían enfrentar las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio.


En el Senado, el congresista Juan Caicedo habría retirado una proposición para dejarla únicamente como constancia. Sin embargo, la Cámara habría aprobado ese mismo artículo incluyendo la modificación, que contaba con el aval del Ministerio de Hacienda.


La Secretaría General del Senado también se pronunció sobre lo ocurrido. Su titular, Diego Alejandro González González, aseguró que en el registro oficial de las proposiciones aprobadas no figuraba ninguna modificación al artículo 65.


¿Por qué podría caerse el presupuesto?

Cuando Senado y Cámara aprueban versiones diferentes de un proyecto de ley, deben conformar una comisión de conciliación para acordar un texto definitivo que posteriormente requiere el respaldo de ambas plenarias.


En este caso, esa conciliación no se habría realizado antes del vencimiento del plazo constitucional para aprobar el presupuesto, fijado para el martes 20 de octubre.


De confirmarse que el Congreso no completó el procedimiento exigido, la aprobación del Presupuesto General de la Nación podría quedar jurídicamente comprometida.


Sin embargo, la existencia de textos diferentes no implica por sí sola que la ley haya quedado anulada. Sería necesario establecer el alcance de la irregularidad y sus consecuencias jurídicas.


¿Qué pasaría con los recursos para 2027?

Si se determina que el Congreso no expidió válidamente el presupuesto dentro del plazo constitucional, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tendría que acudir al mecanismo previsto en el artículo 348 de la Constitución.


Esta disposición permitiría expedir el presupuesto mediante decreto, tomando como referencia el proyecto presentado por el Gobierno, con las modificaciones válidamente incorporadas durante el primer debate.



Aunque el monto global de $634,9 billones podría mantenerse, algunas adiciones negociadas durante las plenarias quedarían en riesgo.


Entre ellas estarían recursos adicionales para el sistema de salud. El senador Juan Caicedo advirtió sobre la posibilidad de perder partidas que, según sus declaraciones, se habían conseguido durante el segundo debate.


“Urge hacerle esta propuesta al Gobierno para no perder los $3 billones de pesos adicionales logrados para recuperar el sistema de salud”, señaló el congresista, quien también planteó alternativas para rescatar recursos incorporados posteriormente.


Por ahora, el debate estaría centrado en establecer si la diferencia entre los textos constituye un vicio que impida considerar aprobado el presupuesto y cuál sería el alcance de las modificaciones que el Gobierno podría incorporar mediante decreto.


De prosperar los cuestionamientos, el Congreso habría terminado sus discusiones presupuestales sin una ley válidamente aprobada, pese a las extensas jornadas de debate y votación.


Temas relacionados