¿Por qué las familias de los 16 estudiantes muertos en accidente de Remedios exigen investigación penal contra dos empresas?
Las decisiones judiciales definirán si el caso se limita a indemnizaciones o si fija responsabilidades penales. El proceso entra en una etapa clave. Aquí más detalles.
Bus siniestrado con egresados del Liceo Antioqueño de Bello. Foto: cortesía.
Las familias de las víctimas del accidente de un bus de Precoltur, ocurrido el pasado 14 de diciembre en Remedios y el cual dejó 16 estudiantes muertos y el conductor del bus, además de 20 heridos, reclaman avances concretos en la investigación penal.
Insisten en que el caso no puede cerrarse con una reparación económica.
Exigen que la justicia determine responsabilidades si se comprueba la presunta alteración de la revisión tecnicomecánica del bus siniestrado.
El abogado Diego García Sánchez, quien representa al papá de Mariana Upegui Escobar y al padre de Susana Arango Mejía, confirmó que ya presentó una denuncia penal contra el CDA Comercializadora Servisuper y contra la empresa Precoltur, propietaria del vehículo.
"La denuncia se fundamenta en las líneas de investigación que abrió la Superintendencia de Transporte, especialmente en la presunta expedición irregular de la revisión tecnicomecánica", detalló.
Las dos familias impulsan la denuncia, pero esperan que otras víctimas se sumen. El jurista aseguró que sus representados no buscan únicamente una compensación económica.
"Si se demuestra que alteraron la revisión tecnicomecánica, el caso debe trascender y establecer responsabilidades por permitir que el vehículo circulara sin cumplir los requisitos”, señaló.
¿Por qué la Superintendencia de Transporte sancionó a Precoltur?
El 22 de diciembre, la Superintendencia de Transporte sancionó a Precoltur como empresa administradora del vehículo.
Además, suspendió por 6 meses las actividades del CDA Comercializadora Servisuper como medida preventiva mientras avanza la investigación.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, aseguró que las evaluaciones técnicas revelaron graves incumplimientos.
“El bus de servicios especiales siniestrado no cumplía ni con el 20 % de la revisión. La contratación de la empresa tuvo muchas falencias, por lo que tomamos esta decisión preventiva”, afirmó.
Las familias insisten en que la investigación penal debe avanzar con celeridad. Reclaman verdad, justicia y sanciones ejemplares si se comprueba la alteración de la revisión técnico-mecánica.
El proceso ahora entra en una etapa clave. Las decisiones judiciales marcarán si el caso se limita a indemnizaciones o si la justicia fija responsabilidades penales por la tragedia que enluta a 17 familias.