¿Por qué las corregidurías no están gestionando los informes sobre irregularidades con construcciones ilegales? El 51 % no fueron analizados ni tramitados
Un análisis presentado en el Concejo de Medellín reveló fallas graves en el manejo de infracciones urbanísticas, pues el 51 % de los informes técnicos no fueron registrados por las corregidurías entre 2023 y 2025. Las cifras, sumadas a la falta de sanciones y demoliciones, evidencian un debilitamiento del control sobre las construcciones ilegales en los corregimientos.
2. Concejo alerta fallas críticas en el manejo de infracciones urbanísticas y construcciones ilegales
Un informe presentado en el Concejo de Medellín por parte de la bancada del partido Creemos, dejó al descubierto fallas graves en la gestión de las infracciones urbanísticas. Las falencias están relacionadas específicamente con la capacidad de las corregidurías para registrar, tramitar y sancionar las irregularidades detectadas entre 2023 y 2025 sobre construcciones ilegales.
Según el registro, de 2.902 informes técnicos, solo 1.405 fueron convertidos en casos activos, mientras que 1.497 informes, equivalentes al 51 %, no aparecen registrados. Esta diferencia representa, según los corporados, una pérdida de trazabilidad y posibles omisiones administrativas.
“¿Dónde están los casos que no fueron registrados?”: alerta por falta de registro de construcciones ilegales
El concejal Andrés Felipe Tobón advirtió en el debate: “La diferencia plantea una pregunta: ¿dónde están los casos que no fueron registrados?”.
El corporado señaló, además, que la mayoría de los informes de la Secretaría de Gestión y Control Territorial no se convierten en actuaciones formales dentro del sistema DEYEL.
Según Tobón, “si los despachos no registran ni gestionan lo que reciben, se abre la puerta a la inefectividad y, en el peor de los escenarios, a la permisividad con la ilegalidad”.
Mínimas sanciones y pocas demoliciones
Los datos muestran que, pese al aumento de casos desde 2023, la ejecución de medidas es mínima. Las suspensiones temporales no superan el 5 %, las definitivas son escasas y las demoliciones no alcanzan el 1 % en varios corregimientos.
Esto genera, según el informe, un “limbo administrativo” que permite que múltiples construcciones ilegales sigan avanzando, incluso cuando existen alertas técnicas.
En San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, siguen operando discotecas, edificaciones irregulares, asentamientos y obras sin licencia, sin intervención de la autoridad local.
Las voces en el territorios expresan preocupación
El edil de San Cristóbal, Yeison Moreno, afirmó: “Es una falta de autoridad que tenemos en el corregimiento. Muchas personas van, denuncian, pero no hay acciones por parte de la corregiduría”.
La secretaria de la JAL de San Cristóbal, Claudia Bedoya, también expresó preocupación: “Nos quedamos sorprendidos porque no sabíamos. Fue una alerta grande: estamos hablando de 713 informes de los cuales se han hecho apenas 6 demoliciones y el resto no”.
Varios corporados señalaron que los corregimientos más críticos son San Cristóbal y San Antonio de Prado. El concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, recordó que este problema “ya ha sido denunciado en otras ocasiones”. Y resaltó, además, que hay 65 puntos críticos de la ciudad relacionados con control territorial.
El Concejo pidió a la Alcaldía revisar protocolos, determinar responsabilidades y garantizar que las infracciones urbanísticas se atiendan de manera efectiva para evitar que el avance de construcciones ilegales continúe deteriorando el territorio.