¿Por qué Juan Manuel Galán denunció al presidente Petro ante la CIDH por la muerte del niño Kevin Acosta?
La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH no solo incluye a Petro. También menciona a la exministra Carolina Corcho (senadora electa del Pacto Histórico) y al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, y Kevin Acosta, quien murió esperando tratamiento para la hemofilia por parte de Nueva EPS. Foto: cortesía.
El excandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la muerte de Kevin Acosta. El niño, de 7 años, falleció mientras esperaba que la Nueva EPS le entregara medicamentos para tratar la hemofilia.
Galán cumplió la promesa que hizo durante el debate Antioquia Vota por Colombia, de Teleantioquia y El Colombiano, en febrero pasado. En ese momento, advirtió que decisiones del Gobierno han afectado gravemente el sistema de salud. “Con la salud no se juega, cometieron un crimen de lesa humanidad”, afirmó.
La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH no solo incluye a Petro. También menciona a la exministra Carolina Corcho (senadora electa del Pacto Histórico) y al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
En un comunicado, Galán sostuvo que las decisiones del Gobierno han provocado un deterioro en la prestación de los servicios médicos. “Han afectado especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo, así como a miles de ciudadanos que hoy claman por una atención digna y oportuna en todo el país”, señaló.
¿Cómo avanza la conciliación con la familia de Kevin Acosta?
La Procuraduría citó a las partes a una audiencia de conciliación el miércoles 27 de mayo. Representantes del Estado y de la Nueva EPS deberán reunirse con Yudy Katherine Pico, madre del menor, para buscar un acuerdo.
La familia planteó una base de conciliación cercana a $923,26 millones para reparar los daños morales y materiales. Sin embargo, una eventual demanda podría superar los $1.800 millones.
El caso también avanza en el ámbito penal. La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles irregularidades adicionales.
La acción apunta contra Rodolfo Enrique Salas, funcionario del Ministerio de Salud. La denuncia señala un presunto exceso en sus funciones por solicitar documentos reservados como la historia clínica y el informe de necropsia.