Maquinaria usada en minería ilegal que hoy es destruida podría ir a municipios que la necesitan; Senado debate la propuesta
Un proyecto de ley que avanza en el Senado busca que la recuperación y el aprovechamiento social de la maquinaria utilizada en minería ilegal sean prioritarios frente a su destrucción.
El proyecto de ley busca priorizar la recuperación de dragas, retroexcavadoras y otros equipos utilizados en minería ilegal para destinarlos a obras y proyectos de interés social. Fotos: cortesía Ejército
Cuando la Fuerza Pública encuentra maquinaria amarilla —dragas, retroexcavadoras o buldóceres— usada en la minería ilegal, la destruye en el sitio. Así se estableció en los decretos 2235 de 2012 y 1035 de 2024.
Sin embargo, un proyecto de ley que cursa en el Senado busca invertir esa lógica. La destrucción dejaría de ser la regla y pasaría a ser un recurso excepcional. Esto porque la recuperación y el aprovechamiento social pasarían a ser la primera opción.
La iniciativa fue radicada el 30 de julio de 2025 por los senadores José Vicente Carreño Castro, Carlos Julio González Villa y Karina Espinosa Oliver.
El 28 de abril de 2026 fue aprobada por unanimidad en primer debate en la Comisión Quinta. La ponencia está en manos del senador antioqueño Juan Espinal y de Óscar Villamizar Meneses.
El texto, que ya avanza en segundo debate, establece que las autoridades privilegiarán la recuperación de la maquinaria. Eso sí, aclararon, "cuando las condiciones jurídicas, técnicas, operacionales y de seguridad lo permitan".
Los equipos, se aclara, solo podrían destruirse si "existe riesgo inminente para la salud pública o para la Fuerza Pública y la población civil; si hay riesgo de que las organizaciones criminales los recuperen, si las condiciones geográficas impiden sacarlos o si la máquina no está en condiciones de operar".
Cada decisión, se aclara en el documento, deberá sustentarse en un informe técnico y el comandante de la operación deberá firmar un acta que antes será reglamentada por el Ministerio de Defensa.
Para el caso en que se opte por recuperarla, esta quedará a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que verificará su disponibilidad jurídica y definirá el destino.
Si los equipos hacen parte de procesos penales o de extinción de dominio, se aplicarían las figuras de destinación provisional, de modo que "puedan usarse sin esperar una sentencia".
¿Qué entidad se encargará de distribuir la maquinaria amarilla?
La misma SAE, por otro lado, será la que distribuya la maquinaria, mediante donación o reasignación, a entidades territoriales del nivel departamental, con prioridad para regiones apartadas o en riesgo de desastres.
Las gobernaciones, a su vez, deberán priorizar los municipios de quinta y sexta categoría para otorgárselos y que se usen, exclusivamente, en actividades de construcción y mantenimiento de vías, proyectos productivos sostenibles, infraestructura social, mecanización agrícola y atención de emergencias.
La Contraloría y la Procuraduría, por supuesto, deberán ejercer el control fiscal y disciplinario sobre la entrega, el uso y el mantenimiento. Mientras tanto, el Gobierno Nacional reglamentaría un registro con identificación y georreferenciación de cada equipo.
El proyecto fija seis meses desde su promulgación para esa reglamentación y aclara que la ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos de cada entidad. La ponencia concluye que la ley no implica un impacto fiscal obligatorio.
Las cifras sustentan la propuesta
Los autores sustentaron la propuesta en las millonarias cifras de la maquinaria amarilla que, de quitársela a los ilegales, le ahorraría recursos al Estado. Y es que una retroexcavadora nueva cuesta entre 300 y 800 millones de pesos, y una draga puede superar los 1.000 millones.
En 2025, argumentaron, la UNGRD invirtió 10.000 millones de pesos en maquinaria para el Tolima y más de 31.000 millones en equipos para 12 departamentos, y concluyeron que "el Estado compra con recursos públicos lo mismo que destruye".
Añadieron que cerca del 88 % de los 1.101 municipios del país son de quinta y sexta categoría y carecen de capacidad fiscal para adquirir esa maquinaria, mientras más de 5.700 de los 10.483 kilómetros de vías a cargo del Invías están en regular o mal estado.
Para que el proyecto sea ley, falta aún el segundo debate en la plenaria del Senado. Superado el paso, deberá ir a debate a la Cámara de Representantes y recibir la sanción presidencial.