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Ley de Rescate Fiscal reduciría la renta a las empresas, pero ampliaría el cobro a ciudadanos; ¿quiénes tendrían que pagar?

El proyecto del Gobierno de Abelardo De La Espriella contempla reducir del 35 % al 31 % la tarifa de renta empresarial y modificar los ingresos a partir de los cuales las personas naturales comienzan a pagar este impuesto.

El proyecto también contempla reducir el límite anual de la renta exenta laboral de 790 a 630 UVT. Foto: cortesía.

El proyecto también contempla reducir el límite anual de la renta exenta laboral de 790 a 630 UVT. Foto: cortesía.

Los cambios tributarios que propone el gobierno de Abelardo De La Espriella podrían modificar cuánto dinero reciben mensualmente miles de trabajadores colombianos. Mientras las empresas tendrían una reducción progresiva en el impuesto de renta, más personas naturales comenzarían a pagarlo y otras enfrentarían mayores descuentos sobre sus ingresos.


El contraste aparece en el Proyecto de Ley 477 de 2026, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó el jueves 29 de octubre ante la Cámara de Representantes.


La iniciativa combina recortes al gasto público, modificaciones tributarias e incentivos a la inversión privada. (Lea aquí el documento presentado por el Gobierno)


En su objeto, el documento establece que busca “estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad”.


Sin embargo, los cambios al impuesto de renta no serían iguales para trabajadores y empresas. El articulado contempla reducir la tarifa empresarial, pero también disminuir el nivel de ingresos gravables a partir del cual las personas naturales comienzan a pagar este tributo.


Actualmente, la tarifa de renta para personas naturales es del 0 % hasta una renta líquida gravable anual de 1.090 unidades de valor tributario (UVT). El Gobierno propone bajar ese límite a 720 UVT e incorporar una tarifa marginal del 9 % para el tramo comprendido entre ambas cifras.


Con los valores tributarios de 2026, las 720 UVT equivalen aproximadamente a $37,7 millones anuales, es decir, $3,1 millones mensuales de renta líquida gravable. Esta cantidad corresponde al ingreso después de aplicar las deducciones y exenciones permitidas, no necesariamente al salario que recibe el trabajador.


¿Cuánto podría cambiar lo que recibe cada mes?

El proyecto también contempla reducir el límite anual de la renta exenta laboral de 790 a 630 UVT y eliminar la deducción adicional por dependientes. En consecuencia, algunos trabajadores podrían pagar más impuestos, incluso, si sus ingresos permanecen iguales.


La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) calculó algunos de estos efectos a partir del texto radicado. Según una simulación divulgada por su presidente, José Ignacio López, un trabajador que gana $5 millones mensuales podría asumir aproximadamente $75.000 adicionales cada mes.


Para alguien con ingresos de $10 millones, el impacto estimado ascendería a $419.000 mensuales. El ejercicio incluye tanto las modificaciones al impuesto de renta como los cambios propuestos en los aportes a salud.


El Gobierno también pretende modificar la retención en la fuente sobre salarios, cuyo umbral pasaría de 95 a 65 UVT mensuales, una medida que podría anticipar descuentos tributarios para más trabajadores.


Las empresas tendrían una reducción en el impuesto de renta

Mientras se amplía la base de contribuyentes individuales, el proyecto propone disminuir del 35 % al 33 % la tarifa general del impuesto de renta para sociedades en 2027. A partir de 2028, esta bajaría al 31 %.



La iniciativa contempla, además, el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), con tarifas especiales del 20 % y 26 % para inversiones que cumplan determinadas condiciones.


El propio Gobierno incluye entre los objetivos del proyecto la “promoción del crecimiento económico, la atracción de capitales e inversión extranjera”, con la expectativa de estimular la actividad empresarial y mejorar las condiciones de inversión.


No obstante, la propuesta también contempla mayores aportes patronales para determinados niveles salariales, por lo que el alivio en renta no representa necesariamente una reducción de todos los costos empresariales.


El Congreso decidirá quiénes terminarán pagando más

El Gobierno sostiene que aproximadamente el 70 % del esfuerzo fiscal provendría de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, mientras el porcentaje restante dependería de modificaciones tributarias y otras fuentes de ingresos.


Sin embargo, el proyecto enfrenta un ambiente legislativo complejo. Entre los principales reparos aparecen los cambios que podrían incrementar las obligaciones tributarias de los trabajadores, particularmente de quienes hoy no pagan renta.


La iniciativa deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Durante ese trámite, los legisladores podrán modificar tanto las tarifas empresariales como las condiciones para que las personas naturales paguen el impuesto.


Por ahora, el texto radicado plantea una diferencia concreta: reducir progresivamente la tarifa general que pagan las empresas y ampliar el número de trabajadores sujetos al impuesto de renta. La discusión será hasta dónde llegará cada una de esas medidas y quién asumirá finalmente el costo del rescate fiscal.


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