Las cartas están echadas y Miguel Quintero seguirá en casa por cárcel mientras se decide la apelación, ¿qué sigue?

Luego de escuchar a todas las partes, se dio oficialmente por finalizada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, ambos imputados por el desfalco en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA.

El pasado 2 de octubre, el juez 27 penal municipal con función de control de garantías le impuso casa por cárcel al hermano del exalcalde Daniel Quintero, mientras que a Ortega lo dejó en libertad.

Eso hizo que la Fiscalía, el apoderado del AMVA y la Procuraduría se unieran para apelar la decisión. Durante casi seis horas, las partes tuvieron la oportunidad de sostener sus argumentos.

Los que apelaron se centraron en el riesgo de obstrucción a la justicia, ya que, indicaron, nada garantizaría que, como lo habrían hecho antes, pudieran seguir tratando de contactar a los testigos como, según la Fiscalía, lo habrían intentado hacer con Misael Cadavid.

Según su propio testimonio, habrían enviado abogados y particulares que fueron parte del entramado y otras personas para que, de acuerdo con lo expuesto, trataran de evitar que siguiera colaborando con la justicia.

Tanto la Fiscalía, el AMVA y la Procuraduría se mantuvieron en que el riesgo es latente y recordaron que, con información privilegiada que no queda claro de dónde se obtuvo —ya que hubo una descarga ilegal del expediente de Miguel Quintero— se habría fraguado un plan de desprestigio en el que mencionaron, nuevamente, al exalcalde Daniel Quintero y al exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

La Fiscalía, sin embargo, fue más precisa en sus argumentos. Se refirió a la visita, específicamente, de Germán Osorio en la cárcel Pedregal a Misael Cadavid. Este —quien reconoció que recibió 48 cheques por casi 1.000 millones de pesos de la red de corrupción para que los cambiara por efectivo— fue a la prisión el 14 de noviembre de 2025, junto con dos abogados, haciéndose pasar como un tío, cosa que era falsa.

El juez, según la Fiscalía, le habría creído a Cadavid para acreditar el peligro que representa Quintero, con el respaldo de otras dos versiones obtenidas en principios de oportunidad, pero "le restó crédito cuando el testigo relató los acercamientos que dice haber recibido".

Concluyó que, si la providencia aceptó que Quintero actuaba por interpuesta persona, "pedir pruebas de su intervención directa es reclamar algo casi imposible", argumento con el cual se sustentó la decisión de no enviarlo a prisión.

Las defensas de Miguel Quintero y Sebastián Ortega, por su parte, le pidieron al juez penal del circuito, que es el de segunda instancia, que confirme la decisión del pasado 2 de octubre de 2026, que dejó a Quintero en detención domiciliaria y a Ortega sin medidas de privación de libertad.

Santiago Trespalacios, abogado de Quintero, explicó que su equipo no apeló porque "el juez adoptó una de las salidas subsidiarias que había planteado".

Señaló que la Fiscalía "confunde el Código de Procedimiento Penal", pues la detención en residencia es una modalidad autónoma y las restricciones aplican a la sustitución de una medida ya impuesta.

Según él, el riesgo se construyó sobre "el parentesco con el entonces alcalde Daniel Quintero"; con el hermano fuera del cargo y Miguel enfrentado a las autoridades locales y nacionales, "esa influencia desapareció".

Agregó que los trinos de terceros —los del exalcalde y Esteban Restrepo, por los que se quejó el AMVA— o los accesos al sistema de la Fiscalía hechos por funcionarios autorizados, "no pueden cargársele a su cliente sin un vínculo demostrado" y que incumplir la domiciliaria lo llevaría a la cárcel.

Por otro lado, Billy Torres, defensor de Ortega, afirmó que la Fiscalía nunca pidió medida privativa para su cliente y que el recurso del apoderado de las víctimas es insuficiente, "porque no precisó el error concreto del juez".

En el fondo, sostuvo que las versiones de Cadavid sobre mensajes enviados por terceros sin identificar "no cumplen los requisitos de la prueba de referencia". Asimismo, afirmó que su defendido puede cumplir las medidas impuestas por el juez —como no contratar con el Estado ni comunicarse con testigos— respetando plenamente el proceso.

La decisión sobre si se mantiene o no la sentencia de primera instancia pasará a manos de un juez penal del circuito, el cual será designado por reparto.

De acuerdo con el abogado Andrés Arteaga, dada la congestión que hay en la Rama Judicial, se podría estar demorando entre uno y tres meses en tomar una determinación.

Mientras tanto, aclaró, el proceso continúa su curso y la Fiscalía tiene un plazo de 90 días, cuando es un delito y menos de dos imputados, para presentar el escrito de acusación. Se amplía a 120 días cuando son dos o más delitos y más de tres implicados.