¿Daniel Quintero tuvo acceso al expediente de Miguel Quintero extraído de la Fiscalía? Abogado del AMVA volvió a hablar del caso

Majer Nayi Abushihab, apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), dio a entender que es posible que los expedientes que se descargaron ilegalmente de la Fiscalía del caso de Miguel Quintero hayan terminado en manos de personas cercanas a él, entre estas, su hermano, el exalcalde Daniel Quintero.

Así lo sostuvo en medio de la apelación de la medida de aseguramiento domiciliaria que se le impuso el pasado 2 de octubre al señalado "determinador" del desfalco de la entidad.

Todo empezó, según el relato del abogado, el 16 de julio de 2026, un día después de que se anunciara públicamente la audiencia de imputación contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

Ese día, un usuario del sistema de la Fiscalía entró al expediente por primera vez y salió a los tres segundos: "Fue alguien que solo estaba comprobando si podía acceder".

Al día siguiente, 17 de julio, el mismo usuario llegó a las 7:20 de la mañana y no salió hasta pasadas las 4:30 de la tarde.

En ese lapso, según el informe que la Fiscalía incorporó al proceso, hizo 298 acciones y en 293 de ellas el sistema permitió la descarga de documentos, es decir, que "prácticamente se bajó la carpeta completa".

Hubo después otros ingresos, uno de apenas un minuto el 14 de agosto, sin descargas; otro esa misma tarde con diez; y uno más el 25 de agosto, a las 8:07 de la mañana, con 16 acciones, 15 de ellas descargas. "En total, el informe registra 334 consultas y acciones de una sola credencial, con búsquedas hechas con el nombre y el número de cédula de Miguel Quintero", recordó.

El abogado fue enfático en que cualquier funcionario habilitado puede consultar un proceso, pero "descargarlo es otra cosa", y esa facultad, según explicó, la tiene el titular del despacho.

Y es allí que entra la figura de Daniel Quintero. Según Abushihab, el pasado 31 de agosto, fecha en que estaba prevista la audiencia, el exalcalde de Medellín publicó un mensaje en el que prometía demostrar "todo lo que estamos diciendo y mucho más" y exhibir "las mentiras" que, según él, se habían repetido.

Para el apoderado, Quintero ya venía anunciando que el testigo Misael Cadavid se "contradecía", que existía un peritaje que mostraba chats modificados y que la testigo Laura Mejía había "borrado conversaciones".

Esa información, sostuvo, solo podría conocerla "si tuvo acceso a la actuación".

A eso sumó un segundo episodio. Días después de terminada la audiencia, y antes de que el juez decidiera, Daniel Quintero presentó denuncias contra un congresista usando chats de Mejía que habían sido trasladados precisamente en ese escenario judicial.

Pese a los indicios, el abogado fue cuidadoso. No afirmó específicamente que el exalcalde hubiera hecho la descarga ni que esté demostrado quién usó esa credencial.

Su planteamiento giró entorno a que la descarga sí ocurrió, que fue previa a la audiencia y que los hechos públicos posteriores indicarían que se manejó información del expediente. Así le solicitó a la segunda instancia que considere el riesgo de obstrucción a la justicia para que envíe a Miguel Quintero a prisión.

Abushihab, tal cual lo hizo la Fiscalía, recordó que los testigos con principio de oportunidad, Misael Cadavid y Laura Mejía, habrían sido presionados y desprestigiados.

Cadavid afirmó que Quintero y Ortega le enviaron mensajes y ofrecimientos, entre ellos un cambio de patio, a través de terceros para que dejara de hablar. El apoderado indicó que el registro de ingresos del lugar de reclusión confirmó las visitas que el testigo describió. "Por esos hechos hay denuncias por constreñimiento en curso", indicó.

Por otro lado, la expareja de Cadavid se habría visto con un abogado que le dijo que los procesados estaban inquietos porque el testigo "estaba hablando mucho", y luego le ofrecieron dinero por hablar de él.

El 31 de agosto, día previsto para la audiencia, la mujer dio una entrevista en la que lo presentó como una persona con "problemas psiquiátricos y un mitómano.

Ese mismo día, recordó, "Daniel Quintero y Esteban Restrepo publicaron mensajes" en la misma línea. Para Abushihab, la campaña buscaba "minar la credibilidad del testigo antes de que se definieran las medidas".

Por eso opinó que el juez "erró al descartar esas piezas por ser noticias o trinos". Recordó que el Código de Procedimiento Penal permite usar declaraciones anteriores de un testigo para impugnar su credibilidad.

Con el mismo argumento pidió valorar un comunicado de 2025 del empresario Luis Enrique Rojas Cuéllar, que habló de un supuesto pago para falsificar documentos y de una presunta orden de atentar contra él.

El abogado le solicitó al juez de segunda instancia que reconozca el riesgo de obstrucción y envíe a la cárcel a Miguel Quintero, que tiene detención domiciliaria, y a Sebastián Ortega, que tiene medidas no privativas de libertad.

Según dijo, prohibirles contactar testigos no basta si siempre actuaron por terceros. "En una cárcel las comunicaciones y reuniones quedan limitadas y registradas", precisó.

La decisión queda ahora en manos del juez, que deberá resolver tanto la apelación del Área Metropolitana como la de la Fiscalía. Las defensas, por otra parte, también tendrán su turno para oponerse y pedir que la sentencia se mantenga en pie.