La Paz Total en Colombia se hunde por narcotráfico y ausencia del Estado
Analistas aseguran que la estrategia de Paz Total en Colombia está frenada por el narcotráfico, la fragmentación de grupos armados y la ausencia del Estado en territorios estratégicos.
Paz total en Colombia. Ejército desmantela un laboratorio de coca.
La estrategia de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro atraviesa un momento crítico, marcado por la expansión del narcotráfico, la mutación de grupos armados y la débil presencia estatal en varios territorios.
Un atentado con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, marcó un nuevo ataque que afectó a la población civil. En el hecho murieron 7 transeúntes cuando explotó un camión bomba. El acto terrorista fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las Farc.
En Antioquia, un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado por un dron con explosivos. El saldo de 13 uniformados asesinados representa un nuevo ataque contra la Fuerza Pública. Señalan a integrantes del frente 36 de las Farc como responsables.
Estos 2 episodios evidencian, nuevamente, el fortalecimiento de esa estructura criminal que, según algunos analistas, se ha facilitado precisamente por la Paz Total del Estado, donde uno de los componentes es el cese al fuego.
Ólmer Muñoz, docente y experto en seguridad y defensa de la UPB, recordó que gobiernos anteriores sí lograron acuerdos bajo marcos claros de negociación y con expertos capacitados.
Según Muñoz, el Estado debía alcanzar un “punto de inflexión” con los grupos armados: no aniquilarlos, sino llevarlos a escenarios de encuentro que facilitaran el diálogo.
Paz Total en Colombia: violencia, narcotráfico y ausencia del estado
Sin embargo, la realidad actual es distinta. La violencia persiste y se ha vinculado de manera estructural al narcotráfico, que sostiene y fortalece la permanencia de los actores armados ilegales.
Ante los dos nuevos ataques terroristas con 20 muertes y 70 heridos entre civiles y Fuerza Pública, el presidente Gustavo Petro pidió "al Estado colombiano en general y a la comunidad internacional declarar a la Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano como organizaciones terroristas, entre ellas las disidencias de 'Iván Mordisco', la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo".
“Tenemos un gran impacto sociopolítico para la población. Hemos tenido desplazamiento, desaparición forzada, masacres, enfrentamientos contra la fuerza pública, atentados contra la población civil y eso ha llevado a que los expertos denominan eso como una degradación del conflicto”, precisó Muñoz.
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El experto señaló que después de cada negociación ocurre un fenómeno repetido: algunos excombatientes se reincorporan a la vida civil, mientras otros regresan a la actividad criminal.
Pocas posibilidades de acuerdos con grupos ilegales
En la actualidad, el Gobierno Petro busca diálogo con las disidencias de las Farc, pero estas se han fragmentado y no cuentan con un mando unificado que facilite acuerdos.
“El Gobierno Nacional quiere hacer una negociación con las disidencias de las Farc que se han multiplicado y que tampoco tiene mando central. Su objetivo único en este momento tanto de las disidencias, como del Eln o el Clan del Golfo no es tener una negociación política. Y menos participar como partido político. Creo que ya los rebasó demasiado su actividad delictiva ligada con el narcotráfico”, afirmó el profesor Muñoz.
Muñoz fue contundente: las disidencias, el Eln y el Clan del Golfo no tienen interés en la política ni en transformarse en partido legal. Su foco es el narcotráfico.
“Con el Eln no vamos a tener negociaciones en muchos años. Con las disidencias, mucho menos”, afirmó.
En su visión, buscan debilitar al Estado para obtener ventajas: “Alias Calarcá no se va a desmovilizar, y lo que van a hacer es tratar de debilitar al Estado para tratar de obtener unas ventajas muy fuertes".
Violaciones de derechos humanos continúan
Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), destacó otra limitante: las conversaciones se han dado solo con un actor, y no con el conjunto de grupos armados.
Además, recordó que el Estado ha decidido no tener presencia en muchos territorios estratégicos, hoy dominados por economías ilegales como minería y cultivos de coca.
“La paz implica la presencia del Estado, pero definitivamente no lo ha hecho. Más bien se ha caracterizado por recortar su alcance en regiones clave”, puntualizó.
Los expertos coinciden en que la Paz Total en Colombia requiere una política integral que incluya seguridad, justicia social y control efectivo del territorio.
De lo contrario, los acuerdos seguirán siendo frágiles frente al poder del narcotráfico y la capacidad de mutación de los grupos armados ilegales.
La apuesta del actual Gobierno enfrenta, así, el doble reto de generar confianza en las comunidades y garantizar un Estado presente más allá de las mesas de diálogo.
La Paz Total en Colombia se mantiene como un anhelo, pero también como un desafío que exige más que voluntad política: requiere control territorial y reducción real de las economías ilícitas.