La historia que durante años ocultaron las paredes del 'Parqueadero Padilla' de Medellín: era el centro financiero de los paramilitares
Este 23 de julio, tras más de 28 años de amenazas y asesinatos de investigadores que llevaron el caso, se impusieron medidas cautelares contra los inmuebles del Parqueadero Padilla.
Jefes paramilitares, como Carlos Castaño, enviaban el dinero producto del narcotráfico a las oficinas del Parqueadero Padilla. Foto: Archivo de El Espectador y Cortesía
En la carrera 55 con calle 45A, en el centro de Medellín, funcionó durante años un parqueadero que parecía cualquier otro. Pero en la oficina del segundo piso del Parqueadero Padilla no se administraban tiquetes ni mensualidades, se llevaba la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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En un documento de 184 páginas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) reconstruye uno de los hallazgos judiciales más reveladores —y menos conocidos— sobre la financiación del paramilitarismo en el país.
El hallazgo, según la cronología, ocurrió el jueves 30 de abril de 1998 y se trató de una completa casualidad. Todo empezó con la captura de un campero cargado con 150 uniformes camuflados de uso militar y 3 millones de pesos en efectivo. El envío iba para un comandante paramilitar del Oriente antioqueño.
El rastreo de los documentos de esa carga llevó a los al CTI de la Fiscalía hasta dos direcciones en el centro de Medellín. Una era, en palabras del propio expediente, "un cafetín de mala muerte". La otra era el Parqueadero Padilla.
Cuando el fiscal Javier Orlando Tamayo Perdomo consiguió las órdenes para allanar el lugar, la sorpresa superó cualquier cálculo. Habían llegado al centro financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Desde allí, según las evidencias, coordinaban labores logísticas para los bloques con injerencia en Antioquia, Córdoba, Chocó y los Llanos Orientales.
En la oficina capturaron a tres personas, entre ellas, Jacinto Alberto Soto Toro, identificado por las autoridades como el hombre que los servicios de inteligencia conocían con el alias de 'Lucas', encargado de administrar el dinero y a quien los hermanos Castaño le habían encargado las finanzas de la estructura.
Una contabilidad de guerra cifrada como si fueran fincas
Un archivo con libros contables y 70 disquetes contenía registros de transacciones desde 1994. Había cerca de 30.000 movimientos en efectivo y en cheques en menos de cuatro años, algo nada común para un lugar donde supuestamente solo guardaban y cuidaban carros.
Para camuflar el destino real del dinero, la organización bautizaba cada estructura regional con el nombre de una finca ficticia, un código que los investigadores tardaron años en descifrar por completo.
Por ejemplo, La Nora era el nombre cifrado del grupo de San Roque; con Pato Alto, identificaban al de Ituango; y con La Costa, al de San Onofre, en el departamento de Sucre.
El caso terminó vinculando a más 420 personas naturales y 58 personas jurídicas, relacionadas con más de 500 cuentas bancarias de 40 entidades financieras por donde se movió el dinero que terminaba en las arcas de las AUC.
Entre el material incautado, los investigadores también hallaron un listado manuscrito de cuentas clasificadas bajo nombres clave. Este se encontraba en el bolso de una de las personas capturadas. El cruce con la información judicial permitió identificar a quiénes correspondían.
A los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Fredy Rendón Herrera, los tenían identificados como 'Manuel' y 'Joaquín', respectivamente. El comandante del Bloque Noroccidental, Luis Arnulfo Tuberquia, era 'Memo', y Alcides de Jesús Durango, del Bloque Suroeste, figuraba como 'René'.
También apareció el nombre de una mujer. Se trataba de Sor Teresa Gómez, representante legal de Funpazcor, de quien posteriormente las autoridades establecieron que era una persona de confianza de los Castaño.
También aparecieron nombres de acaudalados empresarios que intercambiaban sus cheques por dólares a bajo precio, mecanismo con el que las AUC lavaban dinero proveniente del narcotráfico y lo hacían circular en el sistema financiero.
Tras más de 28 años, los predios del Parqueadero Padilla fueron objeto de medidas cautelares
Luego de más de 28 años de investigaciones, amenazas contra fiscales y asesinatos de agentes del CTI que llevaron el caso, este 23 de julio un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los inmuebles que conformaron el denominado Parqueadero Padilla, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos.
"El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes. Servidores del CTI materializaron las medidas cautelares decretadas sobre los bienes, que fueron puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas", indicaron en un comunicado.