Fiscalía ocupó 18 inmuebles del denominado ‘Parqueadero Padilla’ en Medellín; el sitio habría funcionado como centro financiero y logístico de un grupo paramilitar
Los bienes, avaluados en unos 18 mil millones de pesos, pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Según la investigación, ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’. Fotos: cortesía Fiscalía General de la Nación
Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado ‘Parqueadero Padilla’.
Los bienes están avaluados en cerca de 18 mil millones de pesos.
La Fiscalía explicó que el predio original fue objeto de una división que dio origen a 18 inmuebles independientes.
Por ende, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación materializaron las medidas cautelares decretadas sobre los bienes.
Estos quedaron a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Según la investigación, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un lugar en el que, al parecer, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares.
Durante la diligencia se hallaron documentos, registros contables, equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
También se determinó que ese centro, al parecer, lo dirigió Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’
Al parecer, 'Lucas' era uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil.
Alias ‘Memín’ aceptó su responsabilidad en varios homicidios en Antioquia
Una investigación permitió establecer la actuación criminal de Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’.
Los hechos ocurrieron cuando era comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El hombre estuvo implicado en hechos de violencia perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005.
Las acciones se dieron contra población campesina, comerciantes, finqueros y líderes sociales en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico.
La Fiscalía detalló que el hombre se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados, 9 torturas en persona protegida, 5 secuestros simples agravados y 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida.
A lo anterior también se suman 2 lesiones en persona protegida, 11 hurtos calificados y agravados, además de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y utilización ilegal de uniformes e insignias.
El proceso, que hace parte de la Ley 600 contra integrantes de las AUC, continuará ante un juez especializado para emitir sentencia.