“La falsa paz total llegó a su fin”: Congreso aprueba Ley de Sometimiento que endurece las condiciones para grupos criminales
El proyecto establece nuevas reglas para el sometimiento de organizaciones criminales. Contempla rebajas de penas, pero exige desarme, entrega de bienes y reparación a las víctimas.
El proyecto superó su último debate el martes 3 de noviembre, con 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes. Foto: cortesía
La política de paz total del gobierno de Gustavo Petro queda atrás en el discurso del gobierno de Abelardo De La Espriella, que consiguió la aprobación de la Ley de Sometimiento, una iniciativa que modifica las condiciones para que los integrantes de organizaciones criminales accedan a beneficios judiciales.
El proyecto superó su último debate el martes 3 de noviembre, con 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes. En el Senado había recibido el respaldo de 57 congresistas, frente a 24 votos negativos.
“¡Habemus Ley de Sometimiento!”, celebró el presidente De La Espriella en su cuenta de X, donde agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al Congreso por la aprobación. Su mensaje terminó con una afirmación contundente: “La falsa paz total llegó a su fin”.
Pero, ¿qué cambia realmente? El nuevo modelo sustituye las mesas de negociación con organizaciones criminales por una oferta de sometimiento con condiciones establecidas por el Estado. Los grupos no recibirán reconocimiento político y la intención de acogerse al mecanismo no suspenderá automáticamente las órdenes de captura ni los procesos de extradición.
Los beneficios tampoco serán colectivos. Cada integrante deberá cumplir requisitos individuales, entregar las armas y los bienes obtenidos ilegalmente, aportar información sobre menores reclutados, secuestrados y desaparecidos, y contribuir a la reparación de las víctimas.
Rebajas de penas, pero con nuevas condiciones
La ley contempla reducciones de hasta el 50 % de las condenas para integrantes de base y del 30 % para cabecillas. Sin embargo, quienes hayan ejercido funciones de mando deberán cumplir una pena mínima de diez años de prisión, según los ajustes aprobados en el Congreso.
También se endurecieron las condiciones para el lavado de activos, al elevar de uno a seis años el tiempo mínimo de pena exigido para acceder al tratamiento diferenciado. Además, se incorporaron exclusiones relacionadas con el reclutamiento ilícito de menores.
El representante Simón Molina celebró la decisión con otro mensaje dirigido al gobierno anterior: “Q.E.P.D. la paz total”, y destacó que los beneficios estarán sujetos a control judicial y podrán revocarse por incumplimiento.
Para completar el trámite, la Cámara acogió el mismo texto aprobado por el Senado, evitando una conciliación. Ahora la iniciativa pasará a sanción presidencial.
Aunque el Gobierno presenta la ley como el final de la Paz Total, su aprobación no elimina automáticamente todos los mecanismos legales de diálogo existentes. El cambio concreto está en las condiciones para el sometimiento de estructuras criminales, cuya efectividad dependerá de que sus integrantes acepten abandonar la ilegalidad.