¿Jugada? Abogado de Miguel Quintero lo defiende como el "más prudente del proceso" y se va contra Federico Gutiérrez y Daniel Quintero

En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por el desfalco en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, la defensa de Miguel Quintero buscó mostrarlo como el "más prudente de los involucrados", incluso al punto de señalar a su propio hermano, Daniel Quintero, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Santiago Trespalacios, abogado de Quintero, centró buena parte de su intervención en señalar que la solicitud de cárcel responde a la "confrontación política" entre ambos.

Para sustentar el argumento, presentó un conteo de 85 publicaciones que Gutiérrez ha hecho en la red social X, entre julio y el 22 de septiembre de este año, en las que mencionó 86 veces la frase "se robaron a Medellín" y 62 veces la expresión "el Jefe de la banda", en referencia a Daniel Quintero.

Uno de los puntos en los que más insistió fue un trino del 31 de agosto, en el que Gutiérrez mencionó un "pabellón Q" dentro de una cárcel que su administración construye en Medellín. Trespalacios calificó el trino como muy "grave por provenir de quien tiene el poder de construir efectivamente una cárcel".

Con ese argumento, el abogado planteó ante el juez 27 penal municipal con función de control de garantías que la Fiscalía, el apoderado del Área Metropolitana y el alcalde Gutiérrez parecieran que estuvieran "juzgando a Daniel Quintero", quien no está imputado, aún, por estos actos de corrupción.

De esa manera, Trespalacios buscó controvertir la tesis de la Fiscalía y del apoderado del AMVA. Y es que ambas sostuvieron que Miguel Quintero, además de ser el "determinador del entramado de corrupción", estaría liderando, "bajo las sombras", una campaña de desprestigio contra el ente acusador y los testigos que aceptaron su participación en la red de corrupción y que ya tienen principios de oportunidad por colaborar con la justicia, entre ellos Misael Cadavid y Laura Mejía.

La Fiscalía aseguró, en su momento, que Miguel Quintero y Sebastián Ortega, otro vinculado al caso, habrían enviado, a través de terceros, emisarios y abogados para tratar de comprar el silencio de Cadavid, ofreciéndole un cambio de centro de reclusión.

Cuando este se habría negado, según la fiscal del caso, decidieron contactar a la expareja sentimental del exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí para que "hablara mal" de él. Fue así como apareció en unas notas periodísticas en las que lo acusó de violencia intrafamiliar, además de calificarlo de un "mitómano con problemas psiquiátricos".

Las publicaciones de Nación Paisa fueron reposteadas por el exalcalde Daniel Quintero y el exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo el mismo día de la imputación.

Para desligar a su defendido de esos señalamientos, Trespalacios sostuvo que su cliente no ha hecho manifestaciones públicas, concedido entrevistas ni señalado a nadie desde que se conoció la investigación en su contra.

Por eso, lo calificó como el único de los involucrados en el caso, incluyendo a la Fiscalía, los medios de comunicación y a los representantes de víctimas, que ha actuado con prudencia dentro del proceso.

El apoderado de Quintero fue más allá e, incluso, trató de persuadir al juez indicando que, si de verdad se quería proteger el proceso, lo que habría que hacer sería vincular a la discusión sobre el riesgo de obstrucción tanto a Daniel Quintero como al alcalde Gutiérrez y a los medios que, según dijo, han hecho un manejo inadecuado de la información.

Puso de ejemplo, imponer reglas de conducta que no limiten la libertad de expresión ni la libertad de prensa, pero que contribuyan a bajar la tensión mediática alrededor del proceso.

Con este planteamiento, la defensa buscó desligar a Miguel Quintero de las declaraciones de su hermano y terceros, y sostener que no existe ningún comportamiento propio del procesado que permita inferir riesgo de fuga, continuidad delictiva o presión a testigos.

Por último, Trespalacios insistió en que la privación de la libertad de su cliente no serviría para frenar publicaciones de personas sobre las que, según dijo, Miguel Quintero no tiene ningún poder de determinación.

Pese a ello, esos argumentos, los de la Fiscalía y del apoderado del AMVA, deberán ser evaluados por el juez de control de garantías, quien aún no puede tomar una decisión hasta escuchar la defensa de Sebastián Ortega, que también presentará este 29 de septiembre su oposición para que su defendido, al igual que Miguel Quintero, afronte el proceso tras las rejas.