Gobierno Petro alista as bajo la manga: con 2 decretos pretenden cambiar normas de sindicalización y tercerización excluidas de la reforma laboral
El Gobierno Petro avanza en la expedición de dos decretos que modificarían normas clave sobre sindicalización y tercerización, medidas que el Congreso excluyó de la reforma laboral. Empresarios y analistas alertan sobre riesgos jurídicos, económicos y constitucionales.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista 2 decretos laborales clave que modificarían normas estructurales del mercado laboral colombiano, pese a que esos puntos quedaron excluidos de la reforma laboral aprobada por el Congreso.
La iniciativa genera preocupación creciente entre comerciantes, empresarios, industriales y analistas económicos, quienes advierten impactos negativos sobre la economía y la seguridad jurídica.
Para distintos sectores productivos, el Ejecutivo busca revivir por vía reglamentaria medidas laborales que el Legislativo no aprobó, lo que abre un nuevo frente de debate jurídico y económico.
Las inquietudes se concentran en 2 proyectos de decreto del Ministerio de Trabajo, ambos listos para firma presidencial.
El primer decreto cambia las reglas de la sindicalización. La norma permitiría que un solo sindicato negocie por todo un sector económico, impondría el pago obligatorio de cuotas sindicales a todos los trabajadores, estén afiliados o no, y obligaría a las empresas a entregar información económica sensible, sin una habilitación legal clara.
Jaime Alberto Cabal, presidente ejecutivo de Fenalco, advirtió que estas medidas resultan inconstitucionales, inconvenientes e inoportunas, especialmente en la actual coyuntura económica del país.
En la misma línea, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que el decreto va en contravía del funcionamiento del mercado laboral, en un contexto donde Colombia necesita ajustes técnicos y consensuados.
Los decretos laborales del Gobierno Petro buscan coartar la tercerización
El segundo decreto apunta a la tercerización empresarial. La propuesta presume la ilegalidad de este modelo, impone restricciones severas a las Empresas de Servicios Temporales y limita la contratación de trabajadores en misión al 10 % del total de la planta. Para los analistas, esta decisión reduce la flexibilidad laboral y afecta la generación de empleo formal.
Iván Montoya, analista económico y docente de la UPB, recordó que la economía colombiana enfrenta presiones inflacionarias y necesita recuperar estabilidad macroeconómica, con una inflación dentro del rango meta del 2 % al 4 %.
Expertos coinciden en que ambos decretos operarían como sanciones encubiertas, al permitir la suspensión de contratos, la vinculación obligatoria de personal y el cierre de actividades empresariales, sin competencia legal expresa.
Finalmente, genera alerta que estos decretos se expidan durante la vacancia judicial, lo que dificulta un control inmediato del Consejo de Estado y permitiría la entrada en vigencia de normas cuestionadas antes de un pronunciamiento judicial.