Fiscalía, Procuraduría y el AMVA apelarán la decisión del juez que le dio casa por cárcel a Miguel Quintero, ¿por qué?

Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría y mucho menos el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, quedaron satisfechos con la decisión del juez de control de garantías que le otorgó medida de aseguramiento domiciliaria a Miguel Quintero y no dictó ninguna medida privativa de la libertad contra Sebastián Ortega, ambos imputados en el desfalco de la entidad.

Y es que el ente acusador, en el caso de Quintero, había pedido cárcel pues consideró que tenía el suficiente material probatorio para establecer que el hermano del exalcalde Daniel Quintero, además de ser el "determinador del plan criminal", habría tratado de interferir en proceso y fraguado una "estrategia de desprestigio" en contra de la misma Fiscalía y los testigos que, además de sus declaraciones, han aportado pruebas que lo tienen ad portas de un juicio.

Para el abogado penalista Andrés Arteaga, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tienen motivos claros para recurrir a la apelación.

Arteaga explicó que, durante la audiencia, el ente judicial solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para Quintero, cosa que le negó el juez.

La defensa de Quintero, por su parte, como su principal pretensión pidió que no se impusiera ninguna medida privativa, y de "manera subsidiaria, que en caso de considerarse necesaria", se cumpliera en el domicilio del imputado.

"El juez acogió precisamente esa petición subsidiaria de la defensa y ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio, en lugar de la reclusión en establecimiento carcelario solicitada por la Fiscalía", precisó Arteaga.

Resulta clave, según Arteaga, entender que la segunda instancia no funciona como una repetición del debate inicial.

Quien apela no puede limitarse a presentar de nuevo los mismos argumentos con los que pidió la medida en la primera audiencia, sino que "debe dirigir su recurso contra la decisión concreta que tomó el juez y señalar en qué puntos específicos considera que se equivocó".

Bajo esa lógica, explicó el penalista, la Fiscalía deberá identificar cuáles fueron, a su juicio, los errores en la forma como el juez valoró los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida que se presentó durante la audiencia.

El ente acusador, además de cuestionar el análisis que hizo el despacho sobre los fines constitucionales y legales que justifican una medida de aseguramiento, deberá insistir y demostrar por qué se hace urgente una medida más restrictiva que la ya se tomó.

"En consecuencia, la Fiscalía tendrá que señalar cuáles fueron, a su juicio, los errores en la valoración de los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida presentada durante la audiencia, y particularmente deberá cuestionar la manera como el juez analizó los fines constitucionales y legales de la medida de aseguramiento", aclaró.

Arteaga sostuvo que el argumento central que deberá construir la Fiscalía en el recurso es por qué la detención domiciliaria "resulta insuficiente para satisfacer esos fines, y por qué, con los elementos expuestos en la audiencia, lo que correspondía era una medida intramural en establecimiento carcelario.

Ese, señala el penalista, es la génesis del debate que deberá resolver el mismo juez de control de garantías.

En últimas, con la decisión los que terminaron ganando fueron Miguel Quintero y Sebastián Ortega, pues las pretensiones de su defensa fueron acogidas casi en su totalidad.