Fiscalía imputará a médico y exfuncionarios de la Nueva EPS por muerte del niño Kevin Acosta
Entre los citados aparecen Luis Óscar Galves, quien para entonces ejercía como interventor de la Nueva EPS.
Kevin era uno de los 3.200 pacientes con hemofilia afectados por la crisis en el acceso a medicamentos, según la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Foto: cortesía
El caso de Kevin Acosta, el niño de siete años que murió en febrero de 2026 mientras esperaba atención para tratar su hemofilia, llegará a una nueva etapa judicial. La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo lunes 24 de agosto una audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas vinculadas a la investigación.
Entre los citados aparecen Luis Óscar Galves, quien para entonces ejercía como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, auditor de concurrencia y gerente regional en ese momento; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
El ente acusador investiga a los señalados por el delito de homicidio culposo, en un proceso que busca establecer si hubo fallas en la atención médica y omisiones en el seguimiento del caso del menor.
La Fiscalía también señala al médico que atendió a Kevin el 27 de enero de 2026. Según la investigación, el profesional habría omitido ordenar de manera inmediata el suministro de Emicizumab, medicamento utilizado como tratamiento profiláctico para pacientes con hemofilia.
El ente acusador busca determinar si esa decisión incumplió los protocolos médicos y si tuvo alguna incidencia en el desenlace del caso. La investigación también contempla posibles irregularidades relacionadas con la historia clínica del menor.
Según las primeras informaciones, las autoridades analizan una eventual alteración de datos sensibles y de información reservada relacionada con el diagnóstico y el tratamiento que recibió Kevin durante los meses previos a su muerte.
El caso de Kevin Acosta desató una fuerte controversia nacional
La muerte de Kevin Acosta provocó una fuerte controversia política después de que el expresidente Gustavo Petro y el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionaran públicamente la actuación de la familia del menor.
Petro también divulgó información de la historia clínica de Kevin, un hecho que generó cuestionamientos por la exposición de datos médicos reservados.
En sus declaraciones, el entonces mandatario mencionó que el niño presentó sangrado por el oído y la nariz y relacionó esos signos con una posible fractura de base de cráneo y posterior somnolencia, información que, según dijo, aparecía en la historia clínica.
La polémica aumentó cuando el Gobierno acudió a una acción de tutela para solicitar la necropsia practicada por Medicina Legal al menor. El caso tomó una nueva dimensión con la solicitud de la Fiscalía para investigar a Gustavo Petro por los presuntos delitos de homicidio culposo y violación de datos agravada, según informó la defensa de la familia.
Manuel Villanueva, abogado de los familiares de Kevin Acosta, pidió al Congreso retirar el permiso de salida del país del expresidente Petro ante esa solicitud de investigación.