Estos son los funcionarios investigados del Inpec por concierto en cárcel de Itagüí
La Procuraduría formuló cargos contra seis funcionarios del Inpec por presuntas irregularidades durante el ingreso de músicos a la cárcel de Itagüí.
Procuraduría formula cargos por concierto en cárcel de Itagüí. Foto: Cortesía Inpec.
Una presentación musical dentro de la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí tiene bajo investigación disciplinaria a varios funcionarios del Inpec.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis servidores por presuntas irregularidades en el control de ingreso y salida de visitantes.
Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando una agrupación musical ingresó al Complejo Penitenciario y Carcelario de La Paz.
Según el organismo de control, los funcionarios habrían omitido información en los registros y reportes relacionados con la entrada y salida de personas.
La investigación también examina las condiciones en las que autorizaron el ingreso y la permanencia de los músicos dentro del establecimiento.
¿Quiénes son los seis funcionarios investigados en la cárcel de Itagüí?
El organismo calificó provisionalmente las presuntas faltas como gravísimas cometidas a título de dolo.
Esto significa que la Procuraduría investiga si los funcionarios incumplieron conscientemente sus deberes durante los procedimientos de control.
Sin embargo, el pliego de cargos no constituye una sanción ni determina su responsabilidad definitiva.
Los seis investigados podrán presentar sus argumentos y pruebas durante la etapa de juzgamiento disciplinario.
También investigan presuntas fallas en los registros
La Procuraduría abrió otra investigación contra Raúl Torres Romero y Katherin Vanessa Baquero Henao, también vinculados al Inpec.
El proceso busca esclarecer posibles irregularidades en un informe que reportó aparentes fallas del sistema Sisipec 1 y de la red institucional.
Estas herramientas permiten llevar controles sobre el ingreso y salida de personas en los establecimientos penitenciarios.
Además, el organismo recordó que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David confesaron conductas relacionadas con los mismos hechos.
La Procuraduría también remitió información a la Fiscalía para investigar posibles delitos relacionados con tres de los funcionarios involucrados.
Se trata de Fredy Antonio Ciprián Díaz, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fabián Leandro León Rodríguez.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos para avanzar en una investigación penal independiente del proceso disciplinario.
La cárcel de Itagüí ya enfrentaba denuncias por fiestas y privilegios
El nuevo proceso ocurre después de los cuestionamientos que rodearon el funcionamiento del pabellón de alta seguridad de este establecimiento penitenciario.
Como informó anteriormente Teleantioquia Noticias, las autoridades clausuraron ese pabellón después del traslado de más de 100 cabecillas criminales.
El lugar había concentrado a jefes de organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá y acumulaba denuncias por presuntos privilegios.
Entre los señalamientos figuraban fiestas, lujos y condiciones especiales para algunos internos, situaciones que generaron cuestionamientos sobre los controles penitenciarios.
La clausura y los traslados marcaron una intervención sobre el funcionamiento del pabellón y la permanencia de esos cabecillas en Antioquia.
Ahora, la investigación por el ingreso de una agrupación musical vuelve a poner bajo examen los procedimientos de seguridad y vigilancia de la cárcel.
Aunque ambos episodios corresponden a actuaciones distintas, comparten cuestionamientos sobre el control de actividades dentro del establecimiento penitenciario.
¿Qué sigue en la investigación?
Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario contra los seis funcionarios entra en etapa de juzgamiento.
La Procuraduría deberá evaluar las pruebas, escuchar a los investigados y establecer si las presuntas omisiones constituyen faltas disciplinarias.
Por su parte, la Fiscalía tendrá que revisar la información recibida para determinar si procede una actuación penal.
Las investigaciones continúan y ninguna de estas decisiones representa, por sí sola, una declaración definitiva de culpabilidad.