Entre Miguel Quintero y Sebastián Ortega, ¿quién tiene más probabilidad de terminar privado de la libertad?

Luego de las extensas audiencias de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, ambos imputados por su presunta participación en el desfalco del AMVA, la pregunta por responder es qué decisión tomará el juez de control de garantías este viernes, 2 de octubre, cuando definirá el futuro de los procesados.

Al hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, le endilgaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Además, la Fiscalía lo señaló como el determinador del "plan criminal" que terminó adueñándose de 2.481 millones de pesos de seis contratos firmados entre la entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

De esos, según el ente acusador, Quintero se habría quedado con la mayor parte, unos 1.654 millones de pesos.

A Ortega, por su parte, solo le imputaron el delito de peculado por apropiación y la solicitud de medida de aseguramiento no se la hizo la Fiscalía, sino el AMVA, que figura como víctima en el proceso. De acuerdo con la investigación, el hijo del excongresista William Ortega terminó con 133 millones de pesos en sus bolsillos.

La defensa de Quintero, en cabeza del abogado Santiago Trespalacios, se enfocó en solicitarle al juez que excluyera las pruebas presentadas por la Fiscalía porque consideraba que fueron obtenidas de manera ilegal.

El argumento lo sostuvo indicando que su defendido solicitó a la Rama Judicial que le informara si estaba siendo investigado por el entramado de la red de corrupción. Dichas peticiones las hizo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, y todas las respondieron negativamente.

Sin embargo, a finales de marzo se informó que tenía calidad de indiciado en el proceso, lo que para Trespalacios demostraba que la Fiscalía habría "omitido y negado" la información, lo que convertía a las pruebas, por defecto, en ilegales. Pero la Fiscalía lo controvirtió al explicar que no estaba en la obligación de informar algo que, en el momento de la consulta, no tenía noticia criminal y que, por ende, no estaba vinculado oficialmente a un proceso penal.

Trespalacios, por otro lado, resaltó que su defendido había comparecido a todo el proceso, que no tenía vínculos con la administración municipal ni con el AMVA y no representaba un peligro para la sociedad; todo esto con el fin de convencer al juez de que el presunto "determinador" merecía defenderse en libertad.

Por su parte, el abogado Billy Torres, apoderado de Ortega, justificó que la solicitud de medida de aseguramiento contra su cliente era desproporcional, porque nunca había tenido vínculos directos con el AMVA y su papel, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, habría sido de interviniente.

Y, lo más importante, según el defensor, la Fiscalía decidió no solicitar la medida contra él —lo hizo el AMVA— porque es "evidente" que "no contaba con material probatorio suficiente" para hacerlo.

El Sistema Informativo de Teleantioquia consultó con dos expertos que analizaron, desde sus perspectivas jurídicas, los posibles escenarios frente a las solicitudes de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

Para el abogado Andrés Arteaga, quien ha seguido de cerca el caso, la Fiscalía tendría, en su concepto, material probatorio suficiente para que el juez acoja la solicitud de medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde, aunque no considera claro que esta deba ser intramural, como lo solicitó el ente acusador.

"Lo que podría hacer el juez es alejarse un poco de la solicitud de la Fiscalía y darle una medida intermedia, que en este caso sería una medida de aseguramiento domiciliaria", indicó.

Arteaga aclaró que se trata de una hipótesis y que, a su juicio, el juez también podría considerar que Quintero no representa un peligro para la sociedad, que no tendría capacidad de interferir en el proceso y considerar que no existe posibilidad de fuga, requisitos que, según explicó, deben tenerse en cuenta para imponer la excepcional medida de privación de la libertad.

En el caso de Sebastián Ortega, el abogado opinó que sería más probable que el juez le permita defenderse en libertad teniendo en cuenta, según su análisis, que solo lo imputaron por un delito y que la Fiscalía decidió no solicitar directamente la medida de aseguramiento en su contra.

Por otro lado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, explicó que la decisión final corresponde exclusivamente al juez de control de garantías, quien deberá determinar si acoge o no las solicitudes formuladas en cada caso.

Arrubla sostuvo además que, desde su perspectiva, la privación de la libertad no es la regla y debe estar relacionada con la existencia de riesgos concretos, mientras que en el proceso prevalece la presunción de inocencia.

El exmagistrado indicó que, si el juez decide enviar a prisión u ordenar una medida domiciliaria contra cualquiera de los imputados, la defensa podrá apelar la decisión ante una instancia superior.

Lo cierto es que solo hasta este este viernes se sabrá qué pasará con Sebastián Ortega y Miguel Quintero. La decisión del juez determinará si alguno de los dos deberá afrontar el proceso privado de la libertad.