En seis meses, el robo de servicios públicos en Antioquia alcanzó el consumo anual de 95.000 viviendas
EPM reportó pérdidas por $300.000 millones durante el primer semestre. La empresa advirtió que las conexiones ilegales también afectan la calidad del servicio y disparan los costos de reparación.
Las conexiones ilegales sobrecargan redes de energía, agua y gas, afectando la calidad del servicio. Foto: cortesía
El robo de servicios públicos en Antioquia dejó pérdidas cercanas a $300.000 millones durante el primer semestre del año. Según EPM, esa cantidad equivale al consumo anual de unas 95.000 viviendas.
La empresa aseguró que esas pérdidas no solo golpean sus finanzas. También afectan la prestación de los servicios para miles de usuarios.
Cada conexión ilegal sobrecarga las redes de energía, agua y gas. Esa presión incrementa el riesgo de daños y deteriora la calidad del servicio. Además, obliga a destinar más recursos para reparar la infraestructura afectada.
EPM también advirtió que esos recursos dejan de convertirse en inversiones para Medellín.
El balance muestra que la energía concentra el 57,7 % de la defraudación detectada. El agua representa el 40,4 % de las pérdidas.
El gas completa el restante 1,9 %. La empresa pidió a la ciudadanía denunciar estas prácticas para reducir el impacto económico y operativo que generan.
El fraude no es el único problema
EPM también alertó por el crecimiento del robo de infraestructura eléctrica, de acueducto y de gas.
Entre 2024 y 2025 invirtió $7.200 millones para reparar redes y equipos afectados.
Solo en lo corrido de este año esa inversión llegó a $25.000 millones. El robo de cable de cobre concentra buena parte del problema.
Reponer un kilómetro de red de media tensión cuesta cerca de $550 millones. Además, ese proceso puede tardar hasta 14 meses.
Estos robos ya dejaron interrupciones del servicio para más de 763.000 personas.
Los delincuentes también vandalizan tuberías, hidrantes y válvulas del sistema de acueducto y alcantarillado.
Solo durante el año pasado, EPM invirtió más de $672 millones para reparar esos daños.
La empresa intervino 398 afectaciones provocadas por terceros.
El vandalismo también golpeó estaciones de gas en Copacabana, Aguacatala, Poblado 2, Barbosa, La Estrella e Intermedia.
Los mayores daños obedecen al robo de cables utilizados para monitorear la operación de la red.
Las autoridades ya han golpeado algunas de las estructuras dedicadas a estas actividades.
Hace dos meses, la Fiscalía, la Policía, la Alcaldía de Medellín y EPM lograron la extinción de dominio de 42 bienes.
La investigación relaciona esos inmuebles con una red que robaba agua, energía y gas.
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Según las autoridades, la organización operaba en 14 hoteles y 28 predios. Ese caso dejó pérdidas superiores a $1 billón.
EPM mantiene procesos administrativos y presenta denuncias penales contra personas y organizaciones reincidentes.