¿En riesgo la posesión de De la Espriella en Cali? Acción popular, admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, busca frenar su investidura

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca frenar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali.

La acción, presentada por David Fernando Cano Mazuera, se justificó en que se pondría en riesgo derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y la salubridad públicas, la prevención de riesgos previsibles, y la transparencia, publicidad y legalidad del gasto.

Ante esto, el tribunal ordenó al Senado y a la Cámara de Representantes que presente las pruebas exigidas en la demanda este mismo martes 4 de agosto.

Algunas de esta son publicar el texto exacto de las proposiciones o acuerdos con los que se aprobó el cambio de sede, junto con actas, órdenes del día, certificaciones de quórum, votaciones nominales y constancias secretariales.

Asimismo, que las autoridades involucradas y competentes hagan públicos los estudios completos de seguridad, movilidad, salubridad, evacuación, manejo de protestas, protección ciudadana y atención de emergencias previstos para el evento en Cali.

También la certificación detallada de los costos —directos e indirectos— del traslado, discriminando lo que originalmente estaba presupuestado para Bogotá frente a lo proyectado para Cali.

Dentro de los accionantes aparece el presidente del Congreso de la República, al ministro de Defensa Nacional, la ministra de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda y Crédito Público, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el director de la Unidad Nacional de Protección y el alcalde de Santiago de Cali, al igual que el presidente electo.

 “Vincular como tercero con interés directo en las resultas del proceso al señor Presidente de la República electo, doctor Abelardo Gabriel De La Espriella Otero”, indicó el tribunal.

Antes de resolver de fondo si concede o no la medida cautelar de urgencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió requerir información inmediata a los involucrados.

Para acelerar el proceso, dividió la carga de la prueba en dos bloques: al presidente del Congreso de la República le impuso la responsabilidad de allegar un primer grupo de documentos, mientras que al ministro de Defensa Nacional y al alcalde de Santiago de Cali les correspondió aportar el resto de la información requerida.

El plazo fijado por el despacho es improrrogable. Los informes deben quedar radicados a más tardar este martes 4 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m.