Dos generales y seis coroneles fueron imputados por la JEP por crímenes de guerra en la Operación Orión y otras en la comuna 13, ¿quiénes son?
Entre los doce máximos responsables seleccionados, según la JEP, están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la Sala atribuyó responsabilidad por omisión.
Según la Sala de Reconocimiento, después de la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara estableció un control social, territorial y económico en la comuna 13. Fotos: JEP.
Por los hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la comuna 13 y sus sectores aledaños, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce comparecientes de la Fuerza Pública.
Durante la audiencia del Subcaso Antioquia del Caso 08, a cargo de los magistrados Óscar Parra Vera y Gustavo Salazar Arbeláez, la Sala de Reconocimiento determinó que estos crímenes hicieron parte de un patrón que estigmatizó a la población civil como integrante colaboradora de las milicias.
Además, según la JEP, se dieron acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares, principalmente con el Bloque Cacique Nutibara.
Para los magistrados, el patrón se manifestó en crímenes cometidos directamente por militares y policías en acciones conjuntas con paramilitares. Esto bajo acuerdos de no persecución e impunidad.
La alianza involucró a integrantes de la Cuarta Brigada y sus unidades tácticas: el Gaula Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros No. 4 “Pedro Nel Ospina” y Batallón de Infantería No. 32 “Pedro Justo Berrío”.
También de la Regional de Inteligencia Militar No. 6 (RIME 6) y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL). En la última incluidos el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT) y las estaciones de Belén y San Cristóbal.
La alianza, de acuerdo con el tribunal de paz, permitió la consolidación del Bloque Cacique Nutibara (BCN) y otras estructuras paramilitares en la comuna 13.
Esto en el contexto de la confrontación con las milicias urbanas de las Farc-EP, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).
Sus responsabilidades
Según la investigación, integrantes de la Cuarta Brigada, comandada en ese entonces por el general (r) Mario Montoya Uribe; de la RIME 6, bajo el mando del coronel (r) Darío Enrique Cortés Castillo; y de la MEVAL, comandada por el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, impulsaron una política de estigmatización que presentó a habitantes y líderes comunitarios como integrantes o colaboradores de las milicias.
Explicaron los magistrados de la JEP que estos señalamientos convirtieron a la comunidad en blanco de ataque y de persecución.
Es así como entre 2001 y 2004, la Sala estableció un total de 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la comuna 13.
De hecho, algunas de estas personas sufrieron más de un crimen.
Los hechos incluyen 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, 7 de violencia sexual y 380 víctimas de privaciones graves de la libertad.
Además, la Sala también encontró actos de persecución contra las lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) entre 2002 y 2004.
Graves violaciones a los derechos humanos durante las operaciones militares
Durante la investigación también se determinó que antes, durante y después de intervenciones como Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. También infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH.
Y mientras se desarrollaban tales operaciones, las estructuras paramilitares ampliaban su presencia. Eso mediante acuerdos con integrantes de la Fuerza Pública, el antiguo DAS y el CTI.
Expansión, indicaron los magistrados, que estuvo liderada principalmente por el BCN, comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
También por el Frente José Luis Zuluaga, en articulación con la Oficina de Envigado.
“La investigación estableció que la RIME 6, comandada por el coronel (r) Darío Enrique Cortés Castillo; la sección de inteligencia B-2 de la IV Brigada, dirigida por el coronel (r) Bernardo Gutiérrez Camelo; y dependencias de inteligencia de la MEVAL produjeron, intercambiaron y utilizaron información que extendió la sospecha de pertenecer o colaborar con las milicias a amplios sectores de la población civil. Esta construcción del enemigo se apoyó en informes de inteligencia, bases de datos, señalamientos de informantes y guías encubiertos (algunos integrantes del BCN) y denuncias sin verificación suficiente”, aseguraron los magistrados durante la imputación.
Los vínculos
La JEP estableció que varios de los guías e informantes, que acompañaron en las operaciones militares y policiales, eran miembros activos o colaboradores del BCN.
Entre ellos Joaquín Javier Tuberquia Valle, ‘El Indio’, quien reconoció haber actuado como guía durante cinco días en la Operación Orión.
También Marlon Andrés Castañeda Higuita, ‘El Gomelo’, exintegrante de los CAP que luego hizo parte del BCN, y Euries Arturo Roldán Peláez, ‘Tilín’, quien participó como guía e informante en distintas operaciones.
Este último, que recibió pagos por recompensas, pertenecía a ‘Los Pesebreros’, estructura comandada por Freyner Alfonso Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, y articulada al proyecto paramilitar del BCN.
Asimismo, participaron otros paramilitares como ‘Santiago’, ‘Jorgito’, ‘Cachetes’, ‘Pérez’, ‘El Gurre’, ‘Tilico’, ‘Guachilejo’ y ‘El Viejo’.
La investigación determinó que ellos también recibieron pagos por información y recompensas, financiados mediante recursos de Metroseguridad.