Decreto del gobierno Petro prohíbe que funcionarios de organismos de control usen sus celulares en puestos de votación; ¿es una decisión política?
Los delegados de los organismos de control consideran que la imposición podría limitar las labores de control y verificación durante la jornada.
La restricción del uso de celulares a delegados de órganos de control durante las próximas elecciones ha generado polémica. Foto: cortesía
Con el artículo 14 del decreto 0188 de 2026, el Gobierno Nacional prohibió el uso de celulares, cámaras o dispositivos de grabación dentro de los puestos de votación para este 8 de marzo, incluyendo a funcionarios de organismos de control. Esto desató la polémica.
La medida coincide con las dudas que el presidente Gustavo Petro ha expresado sobre el proceso electoral.
Tres días antes de la jornada, el decreto que regula el orden público generó inquietud entre entidades de control. La restricción rige entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., horario oficial de votación.
La medida afecta a funcionarios del Ministerio Público que realizan vigilancia electoral. Entre ellos figuran delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, personerías y fiscales.
Fuentes oficiales le confirmaron al Sistema Informativo de Teleantioquia que varias entidades ya le pidieron al Ministerio del Interior modificar el artículo.
Los delegados creen que la restricción limita las labores de control y verificación durante la jornada electoral.
¿Qué tienen que ver los celulares con las dudas de Petro sobre sobre las elecciones?
El Gobierno Nacional no explicó los fundamentos de la restricción. En elecciones anteriores, la norma solo impedía que los votantes fotografiaran el tarjetón.
Las particularidades del mismo coinciden con recientes cuestionamientos del presidente Petro sobre la transparencia electoral.
En una publicación en X, el mandatario calificó los escrutinios como “opacos y vulnerables al fraude”.
El presidente también cuestionó el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Procuraduría.
“Colombia necesita una reforma electoral y política, pero el Congreso no logra aprobarla o las cortes la frenan”, afirmó Petro.
Las declaraciones provocaron respuestas desde varios sectores políticos e institucionales.
El procurador Gregorio Eljach aseguró que no existen indicios de fraude electoral. “Hasta ahora no encontramos evidencia de un plan para alterar los resultados”, señaló.
El Ministerio del Interior aún no da luces de ceder ante las peticiones de los organismos de control y el debate sobre sus efectos en la vigilancia electoral continúa abierto.