¿Miembros de la junta directiva de ISA podrían pagar con su propia plata la elección anulada de Jorge Carrillo? Esta es la propuesta de accionistas minoritarios
Accionistas minoritarios de ISA impulsan acciones para que cinco miembros de junta respondan con su patrimonio tras el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo. El tribunal concluyó que se alteraron criterios de evaluación durante el proceso.
El Consejo de Estado declaró nula la elección de Jorge Carrillo como presidente del ISA. Foto: cortesía.
Accionistas minoritarios de ISA propusieron que los miembros de Junta Directiva de ISA paguen con su patrimonio el presunto detrimento causado tras la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía.
La decisión cobró fuerza luego del fallo del Consejo de Estado que anuló el nombramiento.
La controversia gira en torno a cambios introducidos durante el proceso de selección.
Según los demandantes, la junta alteró la matriz de evaluación después de que la firma cazatalentos Korn Ferry realizara la primera valoración de candidatos.
Para los accionistas, esa modificación favoreció de manera directa a Carrillo.
El alto tribunal concluyó que el Comité de Talento Organizacional modificó criterios ya aprobados cuando nueve aspirantes habían quedado excluidos, entre ellos Jorge Andrés Carrillo.
El fallo advierte que la variación impactó la objetividad y estabilidad del proceso, al introducir nuevas condiciones en una etapa avanzada.
La discusión también involucra la participación mayoritaria del Estado en ISA, que controla el 51,4 % de las acciones.
Tras un cambio en la composición de la junta, ingresaron perfiles cercanos al Gobierno nacional.
Miembros de junta de ISA pagarían con su patrimonio por elección de Carrillo
De acuerdo con los críticos, la nueva junta reemplazó el rigor técnico por un criterio alineado con intereses políticos.
Uno de los ajustes más cuestionados fue la inclusión de un requisito específico basado en el Ebitda.
Ese criterio coincidía con la experiencia de Carrillo en Empresas Públicas de Medellín.
Para los accionistas minoritarios, esa modificación orientó el resultado final.
El diputado antioqueño Luis Peláez, uno de los demandantes, aseguró que la junta reintrodujo el nombre de Carrillo tras haber sido descartado en fases previas.
Además, el informe de Korn Ferry ubicó al exgerente entre los tres candidatos con menor calificación y señaló debilidades en liderazgo y relacionamiento.
A pesar de esas observaciones, cinco miembros de la junta votaron a favor del nombramiento.
Los accionistas sostienen que la decisión desconoció el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Código País, lo que abre la puerta a eventuales acciones de responsabilidad civil.
Si prospera la iniciativa, los directivos podrían asumir con su patrimonio las consecuencias económicas derivadas del proceso anulado, un escenario que marcaría un precedente en el gobierno corporativo de empresas con participación estatal en Colombia.