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Contratos universitarios y obras sin avance figuran entre los casos de Antioquia en el Libro de la Verdad de De la Espriella

Dos casos por más de $47.000 millones relacionados con Antioquia aparecen en el documento que recoge presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

El gobierno de Abelardo de la Espriella reportó 82 casos por presuntas irregularidades del gobierno Petro. Foto: cortesía

El gobierno de Abelardo de la Espriella reportó 82 casos por presuntas irregularidades del gobierno Petro. Foto: cortesía

Antioquia figura en el Libro de la Verdad por dos casos relacionados con contratos universitarios y recursos destinados a obras viales rurales.


En conjunto, los señalamientos involucran más de $47.000 millones relacionados con el departamento, aunque tienen alcances y soportes distintos.


El documento reúne 82 casos que el gobierno de Abelardo de la Espriella atribuye a presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Gustavo Petro.


La revisión abarca entidades nacionales y asuntos como contratación, ejecución presupuestal, programas sociales, entrega de tierras y endeudamiento público.


Sin embargo, los casos consignados allí no equivalen automáticamente a hechos comprobados ni implican que existan responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.


En Antioquia, el primer señalamiento lleva hasta la Universidad de Antioquia y los convenios que suscribió con el Ministerio de las Culturas.


Entre 2024 y 2025, esa cartera celebró 107 contratos con universidades públicas regionales para desarrollar programas de formación artística y musical en territorios de construcción de paz.


El valor de esos contratos alcanzó los $353.878 millones. Según el análisis, 101 de los 107 se adjudicaron sin un proceso competitivo.


Esto equivale al 94,4 % de los convenios revisados. Además, el documento señala que el 62 % del dinero ya habría sido pagado.


En la lista aparecen las universidades de Antioquia, Cauca y Caldas, además de la UIS y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.


Los dos casos en los que el Libro de la Verdad menciona a Antioquia

Para la Universidad de Antioquia, el informe identifica los contratos 1661 de 2025 y 2169 de 2024, cuyo valor conjunto asciende a $45.206 millones.


El documento señala que ambos contratos quedaron bajo responsabilidad del mismo supervisor y plantea verificar los productos derivados de esos recursos.


También propone revisar entregables, informes de supervisión y actas de entrega, e incorporar el caso a una auditoría de desempeño durante 2026 y 2027.


Hay, sin embargo, una diferencia clave para entender este señalamiento: no corresponde a un hallazgo formal de la Contraloría General de la República.


El propio informe explica que surgió de un análisis de información disponible en SECOP II y que sus conclusiones aún requieren contrastación.


Según el documento, el análisis tampoco había sido contrastado con el Ministerio de las Culturas ni con las universidades involucradas.


El segundo caso relacionado con Antioquia corresponde al programa Caminos Comunitarios para la Paz, destinado a intervenir infraestructura vial rural.


El Equipo Élite revisó más de $612.000 millones comprometidos mediante convenios con Juntas de Acción Comunal y encontró proyectos con baja ejecución física.


En Antioquia identificó seis convenios por más de $2.289 millones que, según el documento, ya reportaban una ejecución presupuestal del 100 %.



Pese al giro de los recursos, las obras permanecían suspendidas y registraban un avance físico del cero por ciento, de acuerdo con el informe.


En este caso, la revisión sí incorporó resultados de auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República.


El Equipo Élite presentó una denuncia penal, una acción fiscal y una queja disciplinaria para que las autoridades evalúen las posibles responsabilidades.


Los dos casos relacionados con Antioquia suman más de $47.495 millones, aunque tienen un origen, un alcance y un sustento institucional diferentes.


Ahora corresponderá a las autoridades determinar qué señalamientos pueden comprobarse, si existió afectación de recursos públicos y si hay responsabilidades por establecer.



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