Contraloría revisará compras de drones y equipos de inteligencia de la DNI por $20.783 millones durante el gobierno Petro
Cinco contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia quedaron bajo revisión prioritaria por denuncias de fallas técnicas, incumplimientos y posibles sobrecostos.
La Contraloría General decidió examinar cinco contratos tras las denuncias sobre fallas de funcionamiento, problemas de calidad, incumplimientos y posibles sobrecostos en las adquisiciones. Fotos: cortesía
La compra de equipos tecnológicos por más de $20.783 millones para la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, ahora enfrenta una revisión fiscal. La Contraloría General decidió examinar cinco contratos tras las denuncias sobre fallas de funcionamiento, problemas de calidad, incumplimientos y posibles sobrecostos en las adquisiciones.
La decisión la tomó el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien ordenó iniciar actuaciones de vigilancia y control para establecer si la entidad utilizó correctamente los recursos públicos. Las contrataciones incluyen equipos para labores de inteligencia, sistemas antidrones, computadores, tecnología biométrica y mobiliario.
Uno de los negocios que concentra la atención corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por cerca de $9.000 millones. La Contraloría revisará las especificaciones técnicas, las fallas que habría presentado el equipo y el siniestro que ocurrió en marzo de 2026. También verificará las garantías y las condiciones que rodearon su compra.
Otro contrato corresponde a tres sistemas antidrones, cuya adquisición costó aproximadamente $8.340 millones. En este caso, el organismo de control comprobará si los equipos cumplen las características técnicas acordadas, si funcionan correctamente y si la DNI los utiliza de acuerdo con las necesidades de la entidad.
La revisión también incluye la compra de 595 computadores por $1.314 millones, mediante el contrato 043 de 2024; un sistema de identificación biométrica por $580 millones, contratado en 2022, y la adquisición de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por cerca de $1.549 millones.
Los equipos y contratos que deberá explicar la DNI
En el caso de los computadores, la Contraloría examinará las denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento y posibles incumplimientos de las especificaciones técnicas. También verificará las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos.
Sobre el sistema biométrico, el organismo buscará establecer por qué la plataforma no habría entrado en funcionamiento y si presenta problemas de compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI. La revisión también abarcará la planeación y ejecución del contrato para determinar si la inversión cumplió el propósito previsto.
Por su parte, la compra de mobiliario para la sede de Funza tendrá una revisión de los estudios de mercado, los precios, las condiciones de contratación y la entrega de los elementos. La Contraloría prestará especial atención a los posibles sobrecostos que mencionaron las denuncias periodísticas.
Además de los cinco contratos, el organismo de control verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), versión 2, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.
Las denuncias sobre la DNI que originaron la revisión
La decisión de la Contraloría llegó después de las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntas operaciones irregulares dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno Petro.
Entre los señalamientos periodísticos aparecen posibles actividades de vigilancia a expresidentes, el funcionamiento de instalaciones clandestinas de inteligencia y presuntos planes para interferir en las elecciones presidenciales de 2026. Estas revelaciones también plantearon cuestionamientos sobre el uso de equipos tecnológicos y los recursos destinados a las labores de inteligencia.
Para avanzar en la revisión, la Contraloría solicitará estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, comprobantes de pago y garantías de los contratos. Con esa documentación, buscará establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos o sobrecostos que hayan afectado los recursos públicos.
Finalmente, si encuentra indicios de un posible detrimento patrimonial, el organismo podrá iniciar los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes. También trasladará a la Fiscalía o a la Procuraduría los hechos que puedan tener implicaciones penales o disciplinarias.