Contraloría revisa $2,78 billones del Ministerio de la Igualdad y alerta por pagos de $88.000 millones
El organismo adelanta diligencias en la cartera, actualmente en liquidación, y en Fiduagraria. Busca establecer cómo se administraron los recursos entre 2023 y 2026.
La Contraloría busca determinar qué soportes existen para esos desembolsos y si se configuró alguna irregularidad. Foto: cortesía
El Ministerio de Igualdad está en proceso de liquidación, pero sus cuentas todavía tienen asuntos por resolver. La Contraloría inició diligencias para establecer cómo fueron manejados los recursos que recibió la cartera entre 2023 y 2026 y qué ocurrió con el dinero administrado a través de FonIgualdad.
La revisión abarca $2,78 billones asignados durante esos cuatro años y sigue el recorrido de los recursos desde las transferencias realizadas por el Ministerio hasta los contratos y pagos efectuados.
En medio de ese rastreo apareció una de las principales alertas. Más de $88.000 millones corresponden a pagos que, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, presentarían insuficiencias en la documentación que los respalda.
La Contraloría busca determinar qué soportes existen para esos desembolsos y si se configuró alguna irregularidad. Por ahora, la alerta no equivale a afirmar que los $88.000 millones se hayan perdido ni que exista un detrimento patrimonial por ese valor.
Las diligencias también llegaron a Fiduagraria, encargada de administrar FonIgualdad, el fondo mediante el cual se manejaron recursos destinados a diferentes programas del Ministerio.
Según las cifras conocidas durante la actuación, FonIgualdad habría recibido más de $930.000 millones provenientes de la Nación. Los investigadores buscan precisar cuánto fue efectivamente utilizado, qué saldos permanecen disponibles y cuáles obligaciones siguen pendientes.
El contralor Jorge Laverde explicó que la revisión permitirá reconstruir las decisiones tomadas alrededor de esos recursos y establecer eventuales responsabilidades.
FonIgualdad ya había generado alertas por su ejecución
Las dudas sobre el manejo presupuestal no comenzaron con las diligencias actuales. Una auditoría de la Contraloría, conocida en enero de 2026, ya había advertido dificultades en la ejecución de FonIgualdad durante 2024.
Uno de los datos que llamó la atención fue la distancia entre los recursos disponibles, lo que alcanzó a comprometerse mediante contratos y el dinero que finalmente salió en pagos.
Para esa vigencia, los compromisos contractuales representaron cerca del 25 % de los recursos apropiados. Los pagos efectivos, en cambio, llegaron apenas al 3,08 %.
La ejecución tampoco avanzó de manera uniforme entre los programas. De los 25 proyectos de inversión previstos para ese año, 12 no registraron ejecución. En contraste, Jóvenes en Paz alcanzó un 87 % y el Programa Nacional del Cuidado llegó al 85 %.
La Contraloría también había revisado una operación realizada antes de que comenzara 2024. En diciembre de 2023, el Ministerio transfirió $469.047 millones a FonIgualdad.
De esa bolsa, durante la vigencia siguiente fueron ejecutados $118.652 millones, equivalentes al 25,30 %.
El panorama fue distinto para los gastos de funcionamiento. En ese componente, el fondo reportó una ejecución del 98 %, con compromisos por $13.040 millones.
La revisión llega mientras desaparece el Ministerio
El seguimiento a los recursos coincide con la liquidación del Ministerio de Igualdad, una de las principales apuestas institucionales del gobierno de Gustavo Petro.
La desaparición de la cartera tiene origen en una decisión de la Corte Constitucional sobre la ley mediante la cual fue creada. El tribunal encontró un vicio en su trámite relacionado con el análisis del impacto fiscal que tendría poner en funcionamiento la nueva entidad.
La Corte aplazó inicialmente los efectos de su decisión para permitir que el Congreso corrigiera el problema. Al no concretarse una solución legislativa dentro del plazo establecido, el Gobierno tuvo que avanzar con el proceso de liquidación.
Ahora no solo deberá definirse qué entidades asumirán los programas y funciones que estaban en cabeza del Ministerio. En paralelo, la Contraloría deberá establecer cómo se administraron los recursos públicos durante sus años de funcionamiento y qué ocurrió específicamente con los pagos que hoy presentan dudas sobre sus soportes.