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Contraloría alerta que el gobierno Petro comprometió $4,55 billones en contratos pese a la falta de recursos para financiarlos

El organismo de control activó una función de advertencia tras identificar un aumento del 22,5 % en la contratación luego del levantamiento de la Ley de Garantías.

La contratación estatal creció 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Foto: cortesía

La contratación estatal creció 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Foto: cortesía

La Contraloría General cuestionó el ritmo de contratación del gobierno Petro durante las cuatro semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías. Según el organismo, las entidades nacionales comprometieron cerca de $4,55 billones en nuevos contratos.


A su juicio, el Ejecutivo enfrenta dificultades para garantizar los recursos con los que deberá financiarlos.


La Contraloría presentó el informe con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. Con base en ese análisis, activó una función de advertencia al considerar que el actual comportamiento de la contratación representa riesgos para la sostenibilidad fiscal del país.


El documento señala que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 14.414 contratos durante ese periodo. Esa cifra representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de tiempo registrado hace cuatro años.


La Contraloría también puso la lupa sobre la contratación directa. En apenas cuatro semanas, las entidades celebraron más de 11.000 contratos mediante esa modalidad. Para el organismo, ese comportamiento exige un seguimiento permanente.


Según el informe, el Gobierno enfrenta un menor recaudo y mantiene rezagos en las reservas presupuestales.


Además, necesita nuevas fuentes de financiación para atender los compromisos ya adquiridos. En ese contexto, la Contraloría advirtió que asumir nuevas obligaciones sin respaldo financiero suficiente puede agravar la situación fiscal.


La Contraloría identificó riesgos específicos en procesos adelantados por entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior. A su juicio, esos compromisos requieren un seguimiento especial desde el control fiscal preventivo.


La contratación directa concentra buena parte de las alertas

El informe muestra que buena parte de los recursos comprometidos durante el periodo analizado se concentró en contratos de obra pública y de prestación de servicios.


Para la Contraloría, esa dinámica exige un seguimiento permanente.


El objetivo consiste en verificar que las entidades tengan capacidad financiera y operativa para ejecutar esos compromisos durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.


La Contraloría identificó siete factores de riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre ellos aparecen la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía y el crecimiento de la contratación directa.



El informe también menciona la concentración de recursos en pocos procesos y posibles debilidades en los mecanismos de control contractual.


Con esta función de advertencia, la Contraloría quiere evitar que esos riesgos se traduzcan en pérdidas de recursos públicos.


Finalmente, el organismo instó al Ministerio de Hacienda y a las demás entidades del Gobierno Nacional a respaldar cada nuevo compromiso presupuestal con recursos efectivamente disponibles.


Además, pidió adoptar decisiones bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.


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